Por: Redacción/Plural
Morelia, Mich., a 18 de agosto.-En el primer semestre de 2016 el Gobierno del Estado de Michoacán, que encabeza el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, ha logrado fortalecer con responsabilidad la hacienda pública estatal, ha tomado el camino correcto en materia de finanzas públicas y, gracias a ello, está en condiciones de atender con oportunidad y responsabilidad las demandas y expectativas de las y los michoacanos, afirmó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Carlos Maldonado Mendoza.
Al presentar un informe de las finanzas públicas del Estado de Michoacán al primer semestre de 2016, el funcionario estatal subrayó que al inicio de la presente administración se recibieron las finanzas públicas en un contexto adverso, pero gracias al trabajo realizado se logró evitar el colapso financiero de la entidad y sus municipios.
Acompañado de la titular de la Coordinación General de Comunicación Social, Julieta López Bautista, el encargado de la política financiera de la entidad expuso que al inicio de la administración los pasivos circulantes, que alcanzaban la cifra oficial de 12 mil 914.0 millones de pesos, duplicaban los recursos líquidos disponibles (activos circulantes) para hacer frente a los primeros; adicionalmente, el pasivo no circulante al 30 de septiembre del 2015 alcanzaba la cifra de 17 mil 724. 1 millones de pesos.
Señaló que la situación más preocupante la enfrentaban los municipios de la entidad, ya que al 2 de octubre de 2015 se tenía la obligación de liquidar 427.7 millones de pesos -recursos correspondientes al 20 por ciento del Fondo General de Participaciones de los meses de agosto y septiembre de ese año- sin que hubiera la debida suficiencia financiera en las cuentas de la Tesorería del Estado.
Sin embargo, gracias a la activa gestión del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, se logró cerrar el ejercicio fiscal 2015 sin mayores contratiempos y con un déficit de mil 842.1 millones de pesos, que contrasta de manera importante con el desbalance presupuestario aprobado por el Congreso del Estado, que ascendió a 5 mil 173.2 millones de pesos. Adicionalmente, se apoyó a los municipios con recursos extraordinarios suficientes.
Tras poner de relieve lo anterior, Maldonado Mendoza destacó que al primer semestre de 2016 sobresale una eficiente recaudación de contribuciones locales, tanto tributarios como no tributarios, cuyo nivel de avance con respecto a lo estimado originalmente es del 95 por ciento y 102 por ciento, respectivamente.
Además, en la aplicación de los recursos de la hacienda pública estatal se observa una disciplina y racionalidad en el gasto corriente, cuyo monto en el total de los capítulos de gasto operativo crecieron tan sólo 6.3 por ciento, impulsados principalmente por la inflación del periodo, los acuerdos sindicales y las reformas en materia de pensiones que en este periodo reflejan un incremento en las aportaciones patronales, por lo que dejó en claro que “el inercial aumento observado en estos rubros no obedece a un incremento de la estructura administrativa, compromiso establecido en el Acuerdo de Austeridad publicado en febrero de 2016”.
En lo que respecta a obligaciones con terceros heredada a la actual administración, el total de los pasivos circulantes disminuyó en 606.5 millones de pesos con respecto al trimestre del ejercicio 2015, impulsado principalmente por su principal componente, que son las cuentas por pagar de corto plazo, que a su vez experimenta una reducción importante en categorías como contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo de ejercicios anteriores, transferencias otorgadas por pagar a corto plazo y el rubro de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, que en conjunto sumaron una reducción de 2 mil 185.6 millones de pesos.
El titular de la SFA puntualizó que la cuenta de proveedores por pagar a corto plazo se incrementó con respecto al trimestre anterior en 602 millones de pesos debido a nuevos hallazgos de compromisos heredados con proveedores que se encontraban registrados, pero que representan una obligación institucional del Gobierno Estatal.