Por: José Cruz Delgado
Silvano, Fidel y López Salgado deben ser investigados por la Presa J. Mújica
A raíz de la denuncia presentada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en la que se ponen evidencias presuntos actos de corrupción en la construcción de la Presa Francisco J. Mújica en el gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel, tanto el ex mandatario como su secretario de gobierno Fidel Calderón Torreblanca y el Auditor Superior de Michoacán, deben ser investigados a fondo por su presunta complicidad en dicha obra.
De acuerdo con la organización, Una presa al doble de su costo original, con deficiencias y más de cuatro años de atraso en la entrega, es la obra que la empresa brasileña Odebrecht construyó en Michoacán.
Originalmente la presa Francisco J. Mújica ubicada en la región de Tierra Caliente, Michoacán, se debió haber concluido en octubre del 2008 con un costo de mil 500 millones de pesos, pero fue entregada a inicios del 2013 a un costo de dos mil 915 millones de pesos, de acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
El contrato con Odebrecht fue firmado el 29 de noviembre de 2006 por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, bajo la modalidad de “precio alzado” y “llave en mano”, lo que significa que estaba garabtizado que el costo de la obra ya no se incrementaría.
Sin embargo, esa modalidad no fue respetada, pues al asumir Leonel Godoy Rangel la gubernatura de Michoacán, le otorgó a Odebrecht en forma ilegal una ampliación del contrato original por 601 millones de pesos y autorizó obras adicionales por 803 millones más.
Entre julio de 2009 y junio de 2010, Godoy Rangel autorizó a Odebrecht contratos extra por mil 414 millones de pesos para la conclusión de la presa, además, su gobierno aprobó a la constructora terminar la obra hasta principios de 2012, lo cual tampoco cumplió, pues la entrega se realizó hasta 2013.
Dos auditorías revelaron que Odebrecht entregó una obra mal hecha e incompleta. El proyecto original garantizaba la dotación de mil litros de agua por segundo para riego agrícola, pero solo se construyó infraestructura para conducir 500 litros por segundo, es decir, la mitad.
Por si fuera poco, la mala planeación de la obra provocó que la presa se construyera sobre tierras en litigio. Ahora el gobierno michoacano deberá restituir a campesinos las tierras que ocupa la presa y deberá pagar nueve millones 315 mil pesos por daños, según establece una sentencia a favor del ejido Naranjo de Tzirintzícuaro dictada desde agosto de 2013 por el Tribunal Unitario del Distrito 17, y que fue ratificada en 2016.
El 25 de agosto de 2006, el gobierno de Michoacán que en aquellos días era encabezado por el perredista Lázaro Cárdenas Batel, lanzó la convocatoria para participar en una licitación pública para la construcción de la presa y de la infraestructura necesaria para llevar agua a dos módulos de riego en la zona de Tierra Caliente, afectada por frecuentes sequías.
El 14 de febrero de 2008, Leonel Godoy Rangel sustituyó en la gubernatura a Cárdenas Batel, tras ganar la elección como candidato del PRD.
Cuando asumió el poder, uno de sus objetivos fue concluir la presa Francisco J. Mújica, para ello, ordenó eludir el proceso de loicitación para un nuevo contrato a Odebrecht, mediante un acuerdo gubernamental emitido el 14 dejulio de 2009.
De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dicho acuerdo autorizó adjudicar, en forma directa, a Odebrecht dos obras complementarias de la presa: La construcción de una planta hidroeléctrica y un sistema de riego, con una inversión de 813 millones 366 mil pesos.
Al día siguiente de la publicación del acuerdo gubernamental se firmó el contrato con los representantes legales de Odebrecht, Antonio Costa Martins y Vito Focciolla.
Una vez más, el contrato fue a precio “alzado” bajo la modalidad “llave en mano”, lo que significaba que no se podía modificar ni el costo ni el plazo de ejecución. Para este nuevo contrato se cordó concluir la obra en 900 días naturales, a partir del 15 de julio de 2009.
El 3 de junio del 2010, Odebrecht presentó al gobierno de Leonel Godoy Rangel la petición para adecuar el contrato original de construcción de la presa, con el argumento de que habían realizado obras no incluidas en su oferta inicial.
El ajuste fue de 601 millones de pesos, de los cuales 73 por ciento era por trabajos complementarios en la presa y 27 por ciento de obras de conducción y canales.
Con este ajuste, el costo de la obra hidráulica se duplicó al pasar de mil 500 millones a 2 mil 915 millones de pesos.
Con posturas a favor y en contra, legisladores locales analizarán la creación de una Comisión Especial para la Investigación y Seguimiento a la situación de la presa “Francisco J. Múgica”, proyecto hidráulico en el que se presumen actos de corrupción, que van desde sobornos de la empresa Brasileña Odebrecht por más de 300 mil dólares, hasta el encarecimiento el proyecto y la falta de cumplimiento a las especificaciones técnicas del mismo.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Maldonado Hinojosa, presentó un punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial para la Investigación y Seguimiento de la situación de la Presa “Francisco J. Múgica”, con la finalidad de que se determine quiénes fueron partícipes de irregularidades, en esta obra que “no funciona” y costó a los michoacanos casi tres mil millones de pesos.
“La propuesta es hacer un grupo que pueda organizarse para poder avanzar en desenmarañar la corrupción, y sobre todo encontrar qué vamos a hacer como michoacanos para que se nos reintegre el daño financiero, el daño operativo, el daño agrícola”, externó.
Manuel López Meléndez, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, aseguró que no obstante que están implicadas las administraciones de sus correligionarios, Lázaro Cárdenas Batel, y, Leonel Godoy Rangel, no cubrirán nada ni protegerán a nadie.
La presidenta de la comisión inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Yarabí Ávila González recordó que en su momento el órgano fiscalizados detectó irregularidades en la contracción de la empresa Francisco, J. Múgica, sin embargo, no existieron sanciones, por lo que el tema se mantuvo en archivo.
La legisladora priísta consideró necesario que se inicie una investigación más profunda que permita sancionar a quienes resulten responsables.
La titular de la Contraloría de Michoacán, Silvia estrada Esquivel dijo que se encuentra dispuesta a colaborar con la Auditoría Superior de Michoacán sobre el caso ya que la premisa del gobernador Silvano Aureoles se cero corrupción.
No hay que buscarle más, el meollo del asunto está en la Auditoría Superior de Michoacán a cargo del nefasto José Luis López Salgado. Hay que recordar que este gris funcionario fue impuesto por Leonel Godoy Rangel por ser del mismo partido y para que la “cuña apriete debe ser del mismo palo”.
El ex gobernador Leonel Godoy Rangel, el secretario de gobierno y hoy diputado federal Fidel Calderón Torreblanca y José Luis López Salgado deben ser investigados en torno al caso de la presa a la de ya, y si se comprueba que cayeron en actos de corrupción deben ser llevados ante la justicia y se les haga juicio político.
No hace falta crear comisiones especiales para llevar a cabo esa investigación porque es perder el tiempo y alargar más el asunto, si quieren la verdad, los diputados deben separar del cargo de inmediato al titular de la ASM José Luis López Salgado para que se haga la investigación porque este funcionario parece mago y desaparecerá todo lo que lo involucre al igual que a sus jefes Leonel y Fidel.
Así que no le busquen más señores diputados.