Por: Redacción/Plural
Morelia, Mich., a 23 de julio.-Michoacán se encuentra entre los 8 Estados de la República Mexicana con una reforma a su Constitución calificada como regular y no satisfactoria, para dar paso a la implementación del Sistema Local Anticorrupción, además de ser una de las entidades que para lograr cumplir con lo que establece la legislación nacional, aún le falta definir el Fiscal Anticorrupción, Comité de Participación Ciudadana y el Tribunal con Magistrados Especializados, acotó Salvador Vega Casillas, Senador de la República.
La calificación de las entidades, fue el resultado del Semáforo Anticorrupción, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Transparencia Mexicana, quienes al cumplirse el plazo legal para adecuar los marcos normativos locales a la regla general, realizaron un análisis respecto a las modificaciones por entidad federativa.
Salvador Vega Casillas urgió a los legisladores michoacanos a que de forma comprometida, cumplan con lo estipulado en el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que a la fecha, solamente Querétaro ha implementado correctamente estas disposiciones.
Además convocó a los diputados locales a garantizar que quienes sean los responsables de implementar las nuevas disposiciones legales que castiguen la corrupción, se conduzcan bajo estricta autonomía.
Mencionó la necesidad de que la Fiscalía Anticorrupción sea autónoma de la estructura orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) o de cualquier dependencia de gobierno ya que se está poniendo en riesgo la legitimidad y credibilidad de quienes se encarguen de sancionar y perseguir el delito de corrupción ya que, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía respecto a la percepción de confianza hacia las autoridades encargadas de cuidar la integridad de los ciudadanos, arrojó que la PGR tiene un 50% de aprobación.
Por ello, Salvador Vega dijo que dejar en manos de una institución con poca confianza y credibilidad de los ciudadanos una Fiscalía que persiga los delitos de corrupción, se está corriendo el riesgo de que también se desconfíe de su proceder.
