Hugo Rangel Vargas
Esta semana fue dado a conocer el Índice de Paz que realiza cada año el Instituto para la Economía y la Paz. A la par de ello, Michoacán vivía una semana atropellada de sangre, enmarcada por la disputa del territorio que sostienen grupos delincuenciales y que pone en vilo la tranquilidad de ciudades importantes como Zamora, Morelia y Uruapan.
Esto no debe ser visto como una coincidencia desafortunada, a menos que se haya perdido la capacidad de asombro, puesto que la criminalidad y descomposición social que vive la entidad en los últimos años es un fenómeno bien documentado. El indicador comentado da cuenta de esto que parece haber rebasado las capacidades institucionales y cuya manifestación última y dolorosa es la pérdida de vidas humanas pero que tiene detrás un deterioro de la convivencia ordinaria entre los ciudadanos.
El índice de paz normaliza, mediante un procedimiento estadístico, los valores de los homicidios, los delitos con violencia, los delitos cometidos con armas de fuego, la proporción de personas privadas de libertad sin sentencia, los crímenes de la delincuencia organizada y la tasa de denuncia de delitos; para ponerlos en un rango de 1 a 5, en donde un valor mayor significa un menor nivel de paz.
En esos rangos, el Índice de Paz en todo México ha pasado, de 2015 a 2019, de 2.19 a 2.66 y para ponerlo en contexto; Canadá, el país con la mejor evaluación de América, obtuvo en 2015 una calificación de 1.33 y en 2019 de 1.32. El valor del indicador de Michoacán se ha deteriorado al igual que el del país pasando de 2.18 a 2.71 en el mismo periodo, equiparándola a lo que ocurre en otros lugares del mundo, esta cifra supera al 2.67 de Venezuela y al 2.60 de Palestina, este último un territorio prácticamente en guerra.
Es importante señalar que, a nivel desagregado para Michoacán, en la totalidad de las variables que sintetiza el índice hay un deterioro al menos en el último año; pero son los homicidios y los delitos con armas de fuego los que mayormente impulsan al alza la violencia en la entidad.
Otro dato interesante del estudio es el costo que tiene para los mexicanos y para los michoacanos la violencia. Utilizando diversas fuentes, el documento agrega métodos de estimación del impacto económico de los costos de los homicidios, de los delitos con violencia, de los crímenes de la delincuencia organizada, del miedo a la inseguridad, de los pagos por protección que realizan los ciudadanos, de los costos del encarcelamiento, entre otros. De esta manera, se estima que en Michoacán el impacto económico per cápita de la violencia es de 46 mil pesos, cifra superior al promedio nacional de 41 mil pesos.
Para los realizadores del estudio hay diversas variables sobre las que el país tiene que trabajar para la construcción de un modelo de paz, más allá de un simple tema de seguridad pública o ciudadana. La corrupción de las autoridades, el buen funcionamiento del gobierno y el libre flujo de información; son pilares de la paz en los que se recomienda que el gobierno de la república ponga manos a la obra y que quizá resulte conveniente que las autoridades michoacanas también tomen nota de ello.
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