Por: Gregorio Ortega Molina
Tan postrado está, que a los gobiernos les resulta difícil cumplir con su mandato constitucional. A duras penas mantienen su legalidad, porque no pueden responder a los requerimientos esenciales
El Estado muestra signos de debilidad, padece trastornos clínicos, estructurales y de identidad, porque en lo voluntarioso de los gobiernos que lo han administrado los últimos 7 lustros, se perdieron los valores nacionales que dan identidad y respeto a la patria, cuya construcción ideológica y legal costó muchas vidas.
Lo desestructuraron y disminuyeron, en un afán de plegarse a los consensos de Washington, mientras por otro lado y para obtener recursos, permitieron que varias áreas de la delincuencia organizada sustituyeran sus funciones, esencialmente en las asignaturas de asistencia social, procuración de justicia y seguridad pública.
Tan postrado quedó el Estado, que a los gobiernos les resulta muy difícil cumplir con su mandato constitucional. A duras penas mantienen su legalidad, porque no pueden responder a los requerimientos esenciales de educación, empleo, salud… bienestar general. Distribuir dinero a diestra y siniestra, más a la primera que a la segunda, dista mucho de edificar futuro.
Se puede constatar con lo dicho por el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, durante su comparecencia en el Senado de la República, en cuyo boletín informativo nos enteramos de que “advirtió que, por la falta de planeación e inversión en infraestructura en las pasadas administraciones, el Instituto enfrenta problemas serios de saturación en hospitales y clínicas, así como una serie de contingencias económicas por pasivos, juicios, adeudos de los estados, obras inconclusas y personal temporal.
“Al inicio del encuentro, la senadora Griselda Valencia asentó que el ISSSTE es una de las instituciones troncales en la atención de la política social por la responsabilidad que tienen para atender a los trabajadores del Estado; también destacó la importancia de conocer cómo se enfrenta el difícil estado financiero del Instituto. La demanda de recursos, dijo, es mucha, no sólo en atención médica, sino también en rubros como el pago de pensiones, el otorgamiento de créditos para los trabajadores, vivienda y mantenimiento de los centros de descanso.
“Ramírez Pineda indicó que su administración recibió un pasivo de más de 18 mil millones de pesos, que se ha ido atenuando y disminuyendo, pero también se van sacrificando otras áreas, porque tenemos que pagar a prestadores de servicios, particularmente de servicios integrales y medicamentos.
“También heredamos 16 mil 428 sentencias pendientes para pensiones, que representan un costo más o menos de 2 mil 300 millones de pesos; adicionalmente, se enfrentan 122 mil 800 juicios que están en proceso, y que pueden causar un daño patrimonial de siete mil millones de pesos en pensiones, y 6 mil 200 millones de pesos en materia laboral.
“Luis Antonio Ramírez dijo que otra contingencia tiene que ver con los adeudos de las entidades federativas. A la fecha, señaló, los estados le deben al Instituto casi 58 mil millones de pesos”.
Es una muestra de la postración en que se encuentran las instituciones del Estado.