Por: Gregorio Ortega Molina
En la reforma del Poder Judicial de la Federación, ¿quién le va a leer la cartilla a quién? El ex ministro Cossío tiene estatura moral y prestigio profesional para hacerlo. El presidente Zaldívar es de apellidos largos y corazón pequeño
¿Dónde debió iniciar la regeneración nacional? ¿Cuáles debieron ser los primeros pasos de la 4T? El desorden legal y constitucional es lo que permite la corrupción, la impunidad, la inseguridad pública y jurídica y todas las consecuencias que derivan de lo anterior.
Los presidentes municipales no necesitan reclamar a las puertas de Palacio Nacional, para recibir una respuesta excesiva, en gas y palabras. Son autoridad electa. Sin embargo, normalistas, integrantes de la CNTE y los “anarcos” de la Ciudad de México, merecen la tolerancia del desorden, del temor a ser confundido con ese modelo político priista tan odiado, pero que apuestan a restaurar.
El incremento en impuestos a bebidas alcohólicas, tabaco y demás, debió quedar establecido, pero Gerardo Fernández Noroña, favorecido por el desorden legislativo, argumentó que debía cumplirse la promesa de AMLO de que no habrá más impuestos. En el ámbito fiscal el cumplimiento siempre es selectivo, discrecional y negociado.
Lo anterior viene a cuento porque, de acuerdo a información del Instituto Belisario Domínguez, “al 12 de octubre del año en curso, el Congreso de la Unión tiene pendiente la expedición de nueve leyes reglamentarias de reformas constitucionales en las materias de: derechos humanos, catastros municipales, reforma política de la CDMX, registros civiles, justicia cívica e itinerante, código único en materia procesal civil y familiar y prisión preventiva oficiosa”.
Omisiones legislativas del Congreso de la Unión: deudas normativas vigentes, se titula la investigación elaborada por César Alejandro Giles Navarro, y en ella se detalla el hecho perjudicial, pues la inactividad legislativa a nivel federal acumula plazos vencidos entre dos meses y siete años.
La información proporcionada por el Senado de la República, indica que, “ante la falta de medios de impugnación y sanción específicos para la inactividad legislativa, la SCJN ha venido afinando diversos criterios jurisprudenciales en la materia, como cuando en el año 2018 ordenó al Congreso de la Unión que expidiera la Ley General de Comunicación Social, al resolver un juicio de amparo indirecto promovido por la asociación Artículo 19.
“En este último caso, el estudio recuerda que el entonces ministro José Ramón Cossío Díaz llegó a advertir que, si el Congreso no atendía el mandato de la Corte, ésta procedería a separar de sus cargos a los 628 legisladores, inhabilitarlos y someterlos a proceso penal, por la comisión de un delito en contra de la administración de la justicia.
“En términos de omisiones relativas (leyes deficientes), el Poder Legislativo también ha sido omiso al no aprobar una reforma fiscal que incremente la recaudación para que el Estado pueda cumplir a cabalidad con sus funciones”.
Es en este contexto que se convoca a la reforma del Poder Judicial de la Federación. ¿Quién le va a leer la cartilla a quién? El ex ministro Cossío tiene estatura moral y prestigio profesional para hacerlo. El presidente Zaldívar es de apellidos largos y corazón pequeño.