Por: Redacción/Plural
Morelia, Mich., a 5 de noviembre.-Con la finalidad de garantizar la objetividad, la legalidad y la certeza durante el proceso electoral extraordinario, el Instituto Electoral de Michoacán continúa la capacitación a servidores públicos de los tres niveles de gobierno respecto a las responsabilidades que tienen durante este periodo sobre el manejo de recursos públicos y propaganda gubernamental.
El Consejero Presidente, Ramón Hernández Reyes indicó que, con el arranque de la campaña electoral, inicia también el periodo en el que queda prohibida la difusión de propaganda gubernamental de los tres niveles de gobierno. “Lo que no significa que las acciones de gobierno se suspendan”, subrayó.
Durante las diferentes charlas con autoridades municipales, estatales y delegados federales, recordó que la prohibición de difusión de propaganda gubernamental inicia el próximo 8 de noviembre y concluye el 7 de diciembre, un día después de la jornada electoral que se celebrará en el municipio de Sahuayo y el distrito de Hidalgo.
Los Consejeros Yurisha Andrade Morales, Elvia Higuera Pérez, Martha López González, José Román Ramírez Vargas, Jaime Rivera Velázquez y Humberto Urquiza Martínez explicaron a los funcionarios municipales de Sahuayo, Ciudad Hidalgo, Queréndaro, Irimbo, Jungapeo y Tuxpan que la difusión de propaganda gubernamental, la utilización de programas sociales y de recursos públicos con fines electorales, así como negar auxilio a los órganos electorales son causa de responsabilidad y cada caso podría tener alguna sanción para los servidores públicos.
Los consejeros del IEM puntualizaron que los servidores públicos deben abstenerse de asistir, dentro de su jornada laboral, a mitines, marchas, asambleas y cualquier acto de campañas; utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos políticos-electorales; realizar, en sus espacios laborales, actos político-electorales o campaña; emitir discursos a favor de algún candidato; influir de cualquier forma para que sus subordinados participen o apoyen a partidos políticos y/o candidatos y comprometer entrega de recursos o bienes de programas públicos a cambio de determinadas conductas que influyan en las elecciones.