Por: Fernando Pérez Chávez
Obradorizar el Poder Judicial.
Lista Destitución del Auditor.
La 4T no Quiere Obstaculos.
Y mientras que a nivel nacional los diputados federales y empleados del presidente Andrés Manuel López Obrador amenazan con “Obradorizar el Poder Judicial’, en la LXXV Legislatura de Michoacán, 24 diputados de Morena y sus aliados avalan la destitución del Auditor Superior de Michoacán, Miguel Angel Aguirre Abellaneda.
El diputado federal de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez reveló durante el debate pactado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que de acuerdo al plan C del presidente “vamos a obradorizar el Poder Judicial, porque tienen que vivir en la justa medianía”.
Sin embargo, después de la revelación del trasfondo de la reforma a la SCJN, el coordinador del PAN, Julen Rementería, reviró a los diputados oficialistas que no se cansó de calificar a los ministros encabezados por Norma Piña de golpistas y exclamó en tribuna ¡no me chinguen, no me chinguen, no puede ser esto!”.
En tanto que en el Congreso del Estado de Michoacán, en menos de una hora, integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, analizaron y dictaminaron a favor la solicitud que hicieron 24 diputados para la remoción Miguel Ángel Aguirre.
Ante esa situación que le urge al gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla, se convoco fast track a una sesión extraordinaria del pleno de la 75 Legislatura para este jueves a las 20 horas, para discutir y someter a votación el dictamen, aunque se requiere de mayoría calificada, 27 de los 40 votos y hasta la noche del miércoles solo tenían 24 seguros.
Por otro lado, ha trascendido que el gobernador michoacano ha ofrecido un millón de pesos a los diputados de los diferentes partidos políticos por su voto a favor del dictamen y cinco millones de pesos para los coordinadores parlamentarios, así que la moneda está en el aire y Alfredo Ramírez quiere un auditor carnal para que audite su cuenta pública de 2022.
Finalmente en las consideraciones que se hacen en el dictamen lo acusan de modificar la estructura orgánica, a través de la creación de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, con cuatro departamentos a su cargo; y la Dirección General de Cuenta Pública y Planeación, con dos direcciones, una coordinación y tres departamentos.