Por: Fernando Pérez Chávez
Venderá Bienes el Gobierno de Michoacán.
Un Fracaso la Federalización de la Nómina.
En el Olvido la Controversia Constitucional.
A más de tres meses del anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de federalizar la nómina educativa en Michoacán el gobernador Silvano Aureoles Conejo está a la espera de que se concrete, para solucionar la crisis financiara que arrastra el estado desde hace dos décadas.
Y ante la falta de recursos para pagarles a los más de 30 mil profesores con plaza estatal, en un acto desesperado, el mandatario estatal anuncio que pondrá a la venta 31 bienes muebles e inmuebles, entre los que se encuentran cinco helicópteros, un avión, siete almacenes, 12 predios, terrenos o casas y seis predios más de grandes extensiones.
Según Silvano Aureoles Conejo el Gobierno del Estado, espera recaudar 650 millones de pesos, para solventar el pago de la nómina del magisterio estatal, pero con estos recursos sólo se solucionará el problema hasta el inició del año escolar 2019-2020, porque para cerrar el año requiere de 3 mil 500 millones de pesos.
Está claro que con este plan “B” no solucionará el problema financiero de fondo a la problemática, ante el fracaso de la federalización de la nómina educativa que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no dio ningún plazo y con la renuncia del secretario de hacienda, Carlos Urzúa el proceso se retrasara más tiempo y la crisis ahogara al gobierno de Michoacán.
Sin embargo, después de que López Obrador se comprometió el 5 de abril en Zacapu, durante su gira de trabajo por Michoacán de dos días a federalizar la nómina educativa, no se supo nada sobre la controversia constitucional que presentó el gobernador Silvano Aureoles y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite en marzo del presente año en contra de la descentralización del sistema educativo federal desde 1993.
Por otro lado, cabe comentar que el recurso, registrado bajo el número 26/2019, fue promovido por Aureoles Conejo en febrero, luego de que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación le exigieran el pago de sus salarios y bloquearan vías férreas en la entidad. Este conflicto llevó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al de Silvano Aureoles a discutir sobre a quién le tocaba resolver el asunto para liberar las vías del tren.
Finalmente la Suprema Corte –al admitir la controversia– ordenó al Poder Ejecutivo federal, a las secretarías de Hacienda y de Educación, así como a las cámaras de Diputados y de Senadores, como autoridades demandadas, responder por escrito a esta queja y la respuesta la deberían emitir en un plazo no mayor a 30 días, pero no se sabe nada sólo silencio.