Morelia, Mich., a 12 de febrero de 2026.-Que el 2 por ciento de los recursos destinados por ley desde el Presupuesto del Estado para acciones a favor de personas con discapacidad sean comprensibles, identificables y verificables, para evitar opacidad, propuso Memo Valencia, en conjunto con Yadira Guerrero Huerta, secretaria general del PRI estatal.
“Hablar de inclusión de las personas con discapacidad, no es hablar de un favor del estado ni una política asistencial ocasional, se trata realmente de una deuda historia con los michoacanos que todos los días enfrentan barreras físicas, sociales y económicas”, dijo.
El diputado local del PRI, indicó que la propuesta surgió de la visión de la secretaria general del Revolucionario Institucional, tras vivir en carne propia la falta de accesibilidad en edificios públicos municipales y estatales, y recordó que en el propio Comité Directivo Estatal propició cambios, como la instalación de un elevador.
“Ojalá esa realidad que llegó a nuestro Comité Estatal, llegara muy pronto a este Pleno, que así como el Comité tenemos elevador, aquí también lo tengan, porque ha sido una bandera durante muchos años de los diputados que no se hace realidad”, indicó.
El dirigente estatal priista aseguró que la iniciativa no pretende aumentar el gasto público ni tampoco imponer nuevas cargas financieras, sino fortalecer el cumplimiento del mandato legal existente.
“Resulta evidente que los recursos actualmente destinados a la atención de las personas con discapacidad no alcanzan el estándar mínimo del 2 previsto en la ley, no por falta de sensibilidad institucional, si no por la ausencia de reglas claras que permitan identificar, ordenar y concretar el gasto con un enfoque específico de inclusión”, aseguró.
Finalmente, Memo Valencia dijo que la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo y tercero al artículo 4 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán, pide que “las asignaciones referidas deberán guardar congruencia con el Plan de Desarrollo Integral del Estado, los programas sectoriales, regionales o especiales, así como con los objetivos, metas e indicadores establecidos en el presupuesto, y su ejercicio deberá ser objeto de seguimiento y evaluación en los informes financieros y de resultados que se rindan al Congreso del Estado”.
Acompañaron la iniciativa 11 diputados de distintos grupos parlamentarios.