Por: Redacción/Plural
Morelia, Mich., a 5 de agosto.-El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en San Lázaro, Marko Cortés Mendoza, señaló que es inadmisible que en la entidad se registren ejecuciones extrajudiciales y que además, las investigaciones únicamente se queden en las carpetas, sin que los elementos de seguridad responsables sean ejemplarmente sancionados.
Tras los hechos dados a conocer en los medios de comunicación local y nacional, en los que se informó sobre una ejecución extrajudicial cometida por la espalda contra un presunto delincuente en la capital michoacana en febrero, señaló que la actuación de los elementos de seguridad refleja prepotencia, abuso de la fuerza, la falta de capacitación y preparación de la policía estatal. Además, consideró que es imposible hacer cumplir la ley, cuando los mandos policiacos son permisivos o laxos con la aplicación de la misma y sin la exigencia irrestricta en el respeto a los derechos humanos.
“Es inadmisible que en la entidad se tengan tantos casos de ejecuciones extrajudiciales y que no se hayan aplicado ejemplarmente las sanciones correspondientes. No entiendo como las autoridades pretenden combatir la inseguridad y aplicar la ley, si ni los propios elementos que están bajo su responsabilidad respetan la normatividad, con lo que demuestran la falta de medidas de control para actuar en diversas situaciones, ya no únicamente contra el crimen organizado, si no delitos del fuero común”, indicó.
Aunado a ello, expresó que la autoridad debe ser clara en la información que emite, luego de que el pasado dos de agosto, la Secretaría de Seguridad había reconocido que los elementos implicados en la muerte de un presunto ladrón en la capital michoacana estaban en investigación durante casi seis meses y dos días después, en medios de comunicación nacionales, aseguró que ya habían sido separados de su cargo.
En la entidad se tienen registrados, únicamente en lo que va del 2017, cuatro casos de ejecuciones extrajudiciales; la muerte de cuatro indígenas por impacto de arma de fuego en la comunidad de Arantepacua el cinco de abril, dos presuntos delincuentes fallecidos durante el traslado a las instalaciones gubernamentales tras ser detenidos en una plaza comercial el 23 de marzo, así como el caso de un campesino que falleció hace unos días, luego de que acudieran agentes policiales para atender un tema de robo de ganado.
“Como es posible que en unos meses se hayan registrado tantas violaciones a los derechos humanos y ya no es solamente contra presuntos delincuentes. El combate a la inseguridad debe llevarse a cabo respetando siempre los derechos humanos y el estado de derecho. Las ejecuciones extrajudiciales deben ser castigadas conforme a las leyes y los presuntos delincuentes deben ser presentados ante la justicia, no se debe proteger a quienes perpetraron estas acciones”, señaló.
Indicó que la situación se agrava, ya que además de la falta de capacitación, no existe la capacidad de la autoridad para establecer una estrategia coordinada entre estado y municipio para combatir la inseguridad, luego de que “Morelia se ubica dentro de los cinco municipios con mayor incidencia delictiva del país, donde los robos con violencia, asaltos y homicidios se han convertido en una constante”, finalizó.