Por: Redacción/Plural
Morelia, Mich., a 18 de septiembre.-Mediante acuerdo publicado el viernes 4 de septiembre en el Periódico Oficial, el gobierno que encabeza Salvador Jara Guerrero regula el servicio de protección personal a ex gobernadores, apoyo que antes era otorgado de forma discrecional, sin certeza jurídica ni lineamientos establecidos en cuanto a los recursos humanos y materiales que se asignaban con ese propósito.
El Acuerdo por el que se Proporcionan Servicios de Protección Personal a los Ex Gobernadores del Estado de Michoacán de Ocampo institucionaliza un servicio y transparenta el uso de recursos públicos humanos y materiales, ya que todos los ex mandatarios de Michoacán, desde Carlos Torres Manzo hasta Fausto Vallejo Figueroa, han recibido y algunos gozan aún de este apoyo en seguridad sin la certeza ni claridad administrativa que aporta la propuesta impulsada por Salvador Jara.
La falta de institucionalidad que caracterizaba a la prestación de este servicio ha generado diversas irregularidades en la asignación de personal y vehículos, ya que mientras algunos ex gobernadores son protegidos hasta por seis escoltas, otros sólo tienen un elemento a su cargo.
Además, persisten grandes disparidades en los salarios que perciben los elementos comisionados a preservar la seguridad de los ex mandatarios: mientras algunos reciben ingresos superiores a los 15 mil pesos, hay quienes ganan menos de 5 mil pesos. Al entrar en vigor el Acuerdo el próximo 1 de octubre también cobra vigencia la homologación salarial de los elementos que trabajan como escoltas de los ex gobernadores.
El propósito del Gobierno del Estado es que esta disposición siente las bases para regular la asignación de activos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública a labores de seguridad personal, con ese propósito se dejará a las próximas autoridades del Ejecutivo un estudio sobre el número de elementos que, desde anteriores administraciones, fueron comisionados a integrar las escoltas no sólo de funcionarios públicos, sino también de empresarios.
Con esta medida, Michoacán se suma a estados como Quintana Roo, Guerrero, Sonora, Tabasco, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Hidalgo,