Por: Gregorio Ortega Medina
*La corrupción del Poder Judicial de la Federación es esencialmente política, no aceptar que la administración de justicia es un instrumento de la gobernabilidad, es desconocer de qué estamos hechos los seres humanos.
Las campañas políticas de los ponentes a la Presidencia de la República exudan hipocresía y desinforman a la sociedad, al hacer del combate a la corrupción pecuniaria pecuniaria -que excede toda proporción- un motivo de preocupación, cuando es la “otra corrupción” la que distorsiona la democracia y deforma la vida en sociedad. Me refiero a las complicidades políticas, las que solapan crimen y despojo, muerte y desaparición, juego sucio por el poder.
¿Qué saben los mexicanos de las fosas clandestinas? ¿Qué de las razones que tuvieron los ejecutores de tanta muerte violenta, para asesinar a tantos y esforzarse por no dejar rastro? ¿Qué de las víctimas: lo son del abuso del poder político, del crimen organizado, o sólo daño colateral?
Pareciera que las matanzas de San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, han sido esclarecidas en su origen, pero lo cierto es que nada se sabe, o nada se informa, de las fosas clandestinas de Morelos, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Coahuila, Durango, por mencionar algunas de las entidades de la república. Y los postulantes al poder total, que es el que reside en Los Pinos, guardan silencio sobre el tema.
Pero no es el único. ¿Qué determina que una persona desaparezca, deje en la incertidumbre a madre y padre, a esposa, y en el abandono a los hijos? Esos mexicanos que pasaron al limbo jurídico y generan zozobra e incertidumbre en sus familias, ¿dónde están, en fosas clandestinas todavía no encontradas, desempeñando trabajo esclavo, convertidos en mercancía sexual, o simplemente murieron sin dejar rastro para proporcionar sus órganos a quienes pueden pagarlos?
Retomemos la intromisión de Estados Unidos en asuntos internos de México. ¿Pudo realizarse el operativo Rápido y Furioso sin conocimiento y complicidades de alguna o algunas autoridades autóctonas? ¿A quién o a quiénes les interesaba armar a los cárteles y a otros grupos de resabiados o políticamente contrarios al régimen político? Dejémonos de ingenuidades, esa explicación de que el operativo fracasó y perdieron el rastro de las armas introducidas ilegalmente a México, no se sostiene. La intención fue, y es, desestabilizar al país. En eso estamos.
La corrupción del Poder Judicial de la Federación es esencialmente política; no entender que la administración de justicia es instrumento de gobernabilidad, es desconocer de qué estamos hechos los seres humanos. La única explicación posible a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, para poner en la boleta electoral a Jaime Rodríguez (¿El Bronco o El Piporro?), es el acatamiento de una instrucción política, y eso, señores, es corrupción de la peor especie, porque destruye la credibilidad en las instituciones.
¿Hay solución? Con los candidatos de entre los cuales usted, querido lector y elector, habrá de elegir, ¿qué opina, la hay?