Por: Gregorio Ortega Molina
Les ha dado por cederle a los gobiernos la identidad del Estado, cuando sólo son sus administradores, y en esa calidad no pueden ni deben modificar sus atribuciones, si desean democracia. O hacer lo que les venga en gana, si buscan el autoritarismo.
Los tiempos difíciles ya están aquí. Redescubrieron la enorme fuerza de un área del poder político que se ha manejado a discreción y bajo control: procurar justicia y determinar quiénes sí y quiénes no son culpables. El delito carece de importancia, lo relevante es el regreso de la intimidación, el amedrentamiento, la posibilidad de matar…
El abuso de ese poder puede estar en manos de los ciudadanos. Se padeció en Francia durante la Ocupación y la Liberación. Las denuncias en contra de judíos, quintacolumnistas, colaboracionistas, garantizaron la vida de muchos, y en no pocos casos fue la base de fortunas vergonzantes.
Ahora aparece la idea -¿motivada por las exigencias del TMEC, para acelerar el proceso de integración a Estados Unidos?-, desconozco si absurda o peregrina, de convertir a los integrantes del Congreso en policías investigadores y fiscales, para reunir en sus manos atribuciones que únicamente corresponden al Ejecutivo, si ha de observarse el mandato constitucional.
Ponen en manos de los informadores un boletín que a la letra dice: “El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado tiene lista una iniciativa de reforma constitucional para fortalecer el trabajo y alcance de las Comisiones Parlamentarias de Investigación, en la búsqueda de transparencia en los asuntos relevantes del país.
“Se trata de una reforma integral al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que se busca ampliar el objeto materia de investigación de dichas comisiones, al facultarlas, no sólo para investigar el funcionamiento de la administración pública, sino también para cualquier asunto de interés público.
“La propuesta del Grupo Parlamentario obedece a la imperiosa necesidad de otorgar al Congreso de la Unión instrumentos de control que apoyen la búsqueda de la verdad de los temas nacionales que es necesario investigar y aclarar.
“Además, se pretende otorgar a las comisiones la facultad de llamar y citar a comparecer a cualquier ciudadano y/o funcionario vinculado con la materia de la investigación.
“Esta solicitud podrá realizarse incluso cuando los funcionarios públicos involucrados hayan solicitado licencia o renunciado a su encargo, cargo o comisión, y dentro de un año posterior a la conclusión de sus funciones.
“El documento a presentar tiene concordancia con la reforma recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, a través de la cual se otorgó al Presidente de la República la facultad de crear Comisiones para cumplir funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes sobre asuntos públicos”.
Regreso a mi lectura de Berta Isla, novela en la que Javier Marías recupera a Balzac y su coronel Chabert, para recordarnos: “… pero el poder del Estado ha de ser y es absoluto: sólo así funcionamos, también en nuestras democracias, por mucha separación de poderes que proclamemos. Y basta con cambiar las leyes, o inventar unas nuevas, para que la gente se quede sin dinero y sin trabajo y sin casa, o para que se decida que no existe… El Estado omnipotente”.
Pero les ha dado por cederle al gobierno, a los gobiernos, la identidad del Estado, cuando sólo son sus administradores, y en esa calidad no pueden ni deben modificar sus atribuciones, si desean democracia. O hacer lo que les venga en gana, si buscan el autoritarismo.