Por Gregorio Ortega Molina
*Ni quien se atreva a enturbiar el sueño de Emilio Lozoya Austin, o a investigar en las gestiones de José Andrés de Oteyza en beneficio de unos representados para los cuales dejó de trabajar.
El dinero ilegal cambia de manos en todas las naciones, a todos los niveles sociales y en todas las profesiones y ámbitos de gobierno. Proviene del intercambio de favores: permisos, contratos, licitaciones, sentencias y, la más de las veces, por acelerar trámites y/o hacerse de la vista gorda. Es riqueza que ensucia a quien la obtiene o la transmite de uno a otro por vez primera, después adquiere cierta limpieza al reciclarse en el gasto familiar.
Pero hete aquí que esta corrupción también mata, asesina, liquida, propicia la desaparición de personas: los edificios se derrumban, los tráileres arrollan todo por delante en las carreteras, los trenes se descarrilan, la delincuencia organizada se mueve con total impunidad. ¿Queda ética para administrar y compartir el espacio social? ¿Hay atisbos de moral en esos clérigos que llenan sus parroquias de sobrinas y sobrinos, y debido a la pederastia destruyen las almas que deben salvar?
En el ámbito social quizá la peor corrupción es la proveniente de la administración de justicia, de los administradores políticos de la transparencia, que se llenan los bolsillos con recursos fiscales o con las “mordidas” originadas en el intercambio de favores.
¿Estará contenta Arely Gómez con el papel tan triste que asumió, primero en la PGR y luego como paladín de la transparencia en la administración pública? Lo dudo, a menos de que su mentor, Mariano Azuela Güitrón, la haya proveído de una enorme flexibilidad ética y moral.
La Jornada nos da cuenta de que “con el argumento de que se trata de información confidencial, la Secretaría de la Función Pública (SFP) negó dar a conocer el número de posibles casos de cohecho internacional en el que podrían estar involucradas empresas o funcionarios mexicanos.
“Joel Salas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), informó que los datos solicitados están contenidos en la matriz de la Convención Anti-cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que México forma parte”.
Y como cereza del pastel, desde Brasil sus autoridades informan que la PGR nada ha solicitado del caso Odebrecht, no sea que fastidien el sueño de Emilio Lozoya Austin.
¿Podrá saberse, alguna vez, cuánto dinero repartieron en México las constructoras españolas, o cuántos moches y sus montos fueron gestionados por José Andrés de Oteyza? Quizá ni se enteró.