Por: Gregorio Ortega Molina
Es momento de preguntarnos si habrá renovación nacional, si tienen la voluntad de hacer la reforma del Estado, si entienden que el cambio de régimen para que todo vaya a mejor, pasa por modificar el modelo político, que no da para más. No lo creo
“La explosión de la violencia estructural desnuda el fracaso del Estado, en un país con poca movilidad social, una desigualdad rampante y más de 52 millones de pobres, señala Clara Jusidman, y añade: la violencia se ha consolidado como un mecanismo válido de resolución de conflictos y crea relaciones de poder entre los agresores y las víctimas, al final de cuentas nadie nace violento, todo se aprende“, indagó para su reportaje Elías Camhaji.
El problema se complica todavía más, porque la violencia cotidiana en las calles se replica en la televisión, en las redes sociales, las escuelas y hogares; para evitarlo, los maestros no pueden reprender a sus alumnos, y los padres de familia ni siquiera se atreven a ver con malos ojos a sus hijos. No hace mucho llamé la atención a mi nieto en una tienda departamental, no había acabado de regañarlo, cuando una mujer policía se acercó a mi esposa a preguntarle si no requería ayuda, a informarse si ella y el dichoso nieto estaban bien. Pero a los delincuentes de alto calado los acusan con sus madres, sus abuelos, y les dan un abrazo.
Reitero mi observación del 21 de octubre: al hacerse con el poder, los integrantes del nuevo gobierno confundieron Estado de derecho con estado de Gracia. Decidieron preterir el mandato constitucional a las convicciones personales, íntimas, religiosas. Así no habrá orden, y sí graves consecuencias.
Los efectos de las decisiones tomadas el 17 de octubre en Culiacán, pesan ya en el ánimo de la sociedad capaz de anticiparlos, pero sólo empezarán a sentirse dentro de un quinquenio, o quizá una década. Y nadie asumirá la responsabilidad.
Es cierto, la tragedia inició en 2006, pero a pesar de las promesas electorales, durante la 4T nada hacen para enmendar las decisiones equivocadas de entonces y de ayer. Nadie se responsabiliza.
¿De qué? A fin de cuentas, los muertos pasan a segundo término, los vivos serán los paganos. “En la última década, la Organización Mundial de la Salud ha expuesto que la violencia es un problema de salud pública. Detrás de la ola de inseguridad se esconden familias destrozadas, rutinas que han cambiado por completo y una gama de trastornos mentales, que van desde la depresión hasta las adicciones, pero también daños físicos crónicos como una mayor propensión a enfermedades cardiovasculares, diabetes o cambios hormonales y neuronales, según una batería de estudios internacionales. En un país con una edad mediana de 28 años, el foco de los especialistas está en los más jóvenes, no solo porque están en etapas formativas que los hacen más maleables, también porque son los que se adaptan mejor a su entorno y replican o padecen la violencia a la que están expuestos.
“En los últimos años, la prensa mexicana se ha llenado de caras aniñadas como la de Kevin. Hace un mes fue abatido Juanito Pistolas, un sicario de 16 años, en Tamaulipas, uno de los Estados más peligrosos del país. Esa misma semana, un comando incendió un bar en Coatzacoalcos (al este del país) y bloqueó las salidas de emergencia para que los asistentes no escaparan. Al menos 30 personas murieron. El principal sospechoso tenía 29 años y dos de sus cómplices, detenidos tras la masacre, tenían 23. El propio Gobierno calcula que unos 460.000 menores de edad engrosan las filas del crimen organizado”.
Lo anterior es resultado de las pertinentes preguntas formuladas por Elías Camhaji a sus entrevistados, y así enriquecer su reportaje para El País.
Para continuar con este sainete que narra la inseguridad en que vivimos, y la ausencia de pericia en los gobernantes para cumplir con su mandato constitucional, el general en retiro, Carlos Gaytán Ochoa, les pone las peras a 25, el presidente AMLO responde que el militar fue imprudente, pero en medio se esfuerza por distraernos, y suelta la teoría conspiratoria del golpe de Estado, para continuar con la guerra de dimes y diretes con su némesis: Felipe Calderón Hinojosa.
Y, como al pasar, sostiene que los periodistas somos una jauría sin bozal, generaliza y enloda a un gremio cuyo pundonor es la credibilidad.
Por ello es bien recibido el mensaje de La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), que hace un enérgico llamado a las y los servidores públicos para que se abstengan de descalificar a quienes ejercen el periodismo, la actividad reporteril y la labor de los medios de comunicación para los cuales laboran.
Es momento de preguntarnos si habrá renovación nacional, si tienen la voluntad de hacer la reforma del Estado, si entienden que el cambio de régimen para que todo vaya a mejor, pasa por modificar el modelo político, que no da para más. No lo creo.