Por: Gregorio Ortega Molina
Las instituciones deben estar y permanecer al servicio del Estado, no de los gobiernos o las facciones. La diferencia es vital, porque no respetarla pervierte propósitos y fines políticos
Sembramos ayer la inquietud sobre la división interna en el Gabinete presidencial, que es un problema menos riesgoso y severo que el haber sembrado discordia entre los mexicanos.
A los colaboradores o subordinados se les puede llamar al orden, o cambiarlos; a los mexicanos todos, ¿cómo se puede favorecer la reconciliación anímica, emocional, cívica, civil y política entre ellos, si se han dedicado a confrontarlos? Las palabras seducen de momento, lo que modifica el comportamiento son las acciones con resultados concretos: obras son amores… reza el refrán.
Desde el Senado de la República escuchamos una voz que convoca a la razón y al reordenamiento en la participación de la sociedad en política, y en la actitud de los integrantes del Gabinete para con su líder, el presidente de México.
El comunicado advierte que “el senador Ricardo Monreal Ávila llama a la unidad a todos aquellos presidentes municipales, regidores, síndicos, diputados y senadores de Morena, a fin de fortalecer el liderazgo del presidente de la República.
“Al participar en el Primer Informes de Actividades de la senadora Susana Harp, en el estado de Oaxaca, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena advirtió que hay resistencias e intereses que pretenden detener el proceso de transformación que se lleva a cabo en el país.
“Dijo que quienes fueron electos por el pueblo para realizar esta transformación no pueden fallar. No podemos darnos ese lujo en un proceso impresionante e inédito de cambio en el país. No podemos dejar solo al Presidente de la República”.
Hablan, él y otros legisladores, gobernadores y diversos funcionarios públicos federales, de que el país todo está inmerso en un cambio de régimen, pero los de pocas luces como este escribidor, creemos que hace falta que nos indiquen en qué consiste y hacia dónde nos lleva, porque el combate a la corrupción, además de exigir otra actitud y comportamiento en el manejo de los fondos públicos y en el trato con la ciudadanía, implica dejar de lado el uso de la procuración y administración de justicia con fines políticos, lo que es harto difícil, porque ambas instancias son instrumentos de poder, y no entenderlo es no comprender para qué sirve la administración pública con vocación democrática.
El asunto no es menor, porque las instituciones todas deben estar y permanecer al servicio del Estado, no de los gobiernos o las facciones. La diferencia es vital, porque no respetarla pervierte propósitos y fines políticos.