Por: Gregorio Ortega Molina
En la época que ahora vivimos, legalidad y autoridad del Estado cabalgan sobre una delgada línea roja. Todos observan, están atentos y dispuestos a la crítica nociva y demoledora, pero también todos se niegan a asumir la responsabilidad de poner orden, al menos.
Ya resulta imposible negar que existen amplias zonas de la república donde hay vacíos de poder, por no llamarlas como lo que en realidad son: regiones autónomas. No solamente tienen sus autodefensas, también sus connivencias con los barones del narcotráfico, pues son ellos los que los proveen de los recursos que el Estado hace años, si no es que décadas, dejó de proporcionarles: seguridad y alimentos.
Los habitantes de esas comunidades están lejos de recuperar la dignidad de vida que sólo proporciona el Estado de Derecho, la observancia irrestricta de la ley por los gobernados, tanto como por los gobernantes. Éstos incumplen el mandato constitucional cuando la realidad se impone y los doblega, y cuando muestran un flagrante temor a hacer uso de la fuerza de la que han de servirse para que la ley prevalezca por encima de la violencia y el desprecio a las autoridades. Hace mucho que las policías dejaron de tener el respeto de los mexicanos, y ahora ponen en riesgo la autoridad moral de las Fuerzas Armadas.
Del clero, del oficiante de todas las denominaciones religiosas, ya ni hablar. Perdieron hace décadas toda posibilidad de comunicar con las diversas feligresías, que observan sus propios ritos y buscan conectarse con la divinidad, a pesar de los administradores de la fe. Habrán de buscar una manera sencilla de recuperar el liderazgo perdido.
¿Qué mueve la razón y los sentimientos de los gobernantes? ¿El deseo de transitar impolutos por el oficio de mandar y alcanzar la inmortalidad de la historia, o el compromiso de realmente servir, incluso en contra de la imagen que tienen de ellos mismos?
Más grave que la confrontación comercial con Estados Unidos, son los vacíos de autoridad del Estado, como el mostrado en La Huacana, Michoacán. ¿Puede tolerarse la existencia fáctica de zonas autónomas dentro del territorio nacional? ¿Vamos a permitir la degradación ética y moral de nuestras Fuerzas Armadas y de la autoridad constitucional?
Es tiempo de dejar constancia de que, así como nadie puede operar fuera de la ley o por encima de ella, tampoco pueden ni deben ampararse en la defensa de los derechos humanos por sobre los de las víctimas y su dignidad. Los lastimados de lo que se refleja en La Huacana, somos todos los mexicanos que añoramos el breve verano del Estado de Derecho en la república.