Por: Gregorio Ortega Molina
*Si para lograr convertirte en juzgador te corrompes y corrompes, ¿qué puede esperarse de las resoluciones de los que compraron el cargo?.
La piedra angular de toda democracia es el Poder Judicial. Allí donde se dirimen las querellas entre conciudadanos, o donde el sistema construyó el andamiaje jurídico para defender a los gobernados de los abusos de sus gobernantes. Si en él aparecen fisuras, todo se agrieta, se debilita, se desmorona.
También es preciso subrayar que administrar justicia es un instrumento del poder, pero resulta indeseable cargarle todos los muertos a los más débiles, porque el modelo político de gobierno se traba y juan pueblo puede decidir optar por el modelito de justicia por mano propia. Aquí los linchamientos se multiplican, crecen los robos por hambre, y la impunidad se convierte en el sello de la casa de los jueces, por aquello del buen juez por su casa empieza.
En nota del reportero Abel Barajas, de Reforma, nos enteramos de que el costo del examen del concurso para jueces que fue cancelado el 14 de febrero por el Consejo de la Judicatura Federal, alcanzó los 186 mil pesos. ¿Por qué?
Muy sencillo, ingresar al mundo de la judicatura federal, tener opciones de concluir la vida profesional en la SCJN, es el sueño de todo litigante con dos dedos de frente. Los salarios permiten dormir tranquilo, los fideicomisos creados para que los jubilados como jueces, magistrados, consejeros y ministros lleven una vida algo más que holgada, transforman la aspiración en díscola ambición. Los gastos médicos mayores garantizados por un seguro particular, hacen que los elegidos olviden las penurias sufridas al recurrir al ISSSTE, donde la primera norma para ser atendido es la humildad, virtud que los jueces no conocen.
Lo que nos cuenta Abel Barajas es para entristecer a cualquiera: “La Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF detectó que un responsable del área de sistemas -ya confeso- fue quien robó los reactivos.
“A través de un amigo que fue secretario de acuerdos de un tribunal colegiado penal en la Ciudad de México vendió el examen.
“Sus compradores fueron secretarios de acuerdos de los tribunales colegiados penales y de algunos unitarios en la CDMX, Toluca, Tlaxcala, Puebla y Mazatlán.
“A los primeros interesados les pidieron 186 mil pesos, pero conforme se acercaba el día del examen lo fueron abaratando. Un día antes de su aplicación lo vendían en 25 mil pesos”.
Si para lograr convertirte en juzgador te corrompes y corrompes, ¿qué puede esperarse de las resoluciones de los que compraron el cargo? Sabemos que no es la primera vez que eso ocurre, lo que nos obliga a preguntarnos cuántos de los que compran lo que “Salamanca no les da” son hoy titulares de un juzgado federal, y preparan ya su ascenso a las nóminas doradas de los consejeros y ministros.
Descorazonado recuerdo unas líneas de Berta Isla, la última novela de Javier Marías, donde el autor nos advierte: “La verdad no cuenta, porque se trata que decida sobre ella, de que la establezca alguien que nunca sabe cuál es: me refiero a un juez. No es cuestión de ponerse en manos de quien sólo puede dar palos de ciego”… y dados los niveles de corrupción, vender el juicio, ¿o no?