Por: Gregorio Ortega Molina
¿Es parte del doloroso tránsito entre uno y otro régimen, o sólo simulación de un cambio que requiere -y ya implementa- modificaciones en su narrativa política?
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Disfruto enormemente una buena película, acudir al teatro, estudiar documentales cinematográficos de sucesos históricos importantes, en los que puede apreciarse la manera en que los políticos, como los actores, subliman el arte de simular.
Todos sabemos, o al menos suponemos, que la magia es el engaño llevado a niveles de lo creíble. Vende la mentira como si fuese una verdad de a kilo. La simulación es seducir, convencer, modificar tu manera de pensar o tus ideas o, es importante, tu percepción de la realidad. Empiezas a asumir como propio lo que antes rechazaste. Lo que hasta ayer te resultaba ajeno, lo haces tuyo. En buena parte, de eso se trata la narrativa política, diferente al quehacer político genuino.
Hoy estamos inmersos en la primera, porque ya nadie hay que practique el viejo oficio de servir a la comunidad. Lo comprendemos mejor con la abreviada lectura de un comunicado del Senado de la República.
“Los ejercicios de parlamento abierto no se deben dar en un ambiente de confrontación denostando a intelectuales, académicos, prensa o sociedad civil.
Lo abierto no debe depender de la discrecionalidad de los gobernantes, legisladores ni funcionarios judiciales, ni mucho menos ser una simulación política de consultas no reguladas a mano alzada, así lo manifestó el senador Dante Delgado, durante su participación en el panel Justicia Abierta y Parlamento Abierto: dos principios constitucionales que fortalecen la democracia, en el seminario organizado por el INAI sobre Justicia Constitucional y Parlamento Abierto.
“El legislador indicó que se debe profundizar en las fallas cometidas en la regulación, implementación, en los pendientes y en los retos que aún se deben enfrentar en la materia. Lo primero es entender la dimensión de lo que implica construir gobiernos, sistemas de justicia y parlamentos verdaderamente abiertos.
“Reconoció que lo abierto implica transparencia, publicidad, participación, pero encaminadas a la incidencia de los ciudadanos en las decisiones de gobierno y a su colaboración en el diseño de políticas públicas. Se trata de provocar la corresponsabilidad de ciudadanos y gobiernos en la construcción de lo público.
“Refirió diversos informes del CIDE y el INAI, entre otros, que reportan calificaciones reprobatorias en materia de transparencia para las instituciones mexicanas a causa de que no se cumple con la ley. Un ejemplo son los parlamentos abiertos que sucedieron en el Senado de la República: solo en uno, en el de la Guardia Nacional, se logró modificar el dictamen para incluir las opiniones de expertos y sociedad civil, pero, en su aplicación por parte del Ejecutivo Federal, fueron ignoradas varias de las demandas que se incorporaron a la ley. Con estos antecedentes de discrecionalidad e incumplimiento, ¿cómo vamos a lograr que la ciudadanía confíe y participe?”
¿Es parte del doloroso tránsito entre uno y otro régimen, o sólo simulación de un cambio que requiere -y ya implementa- modificaciones en su narrativa política?