Por Manuel Espino

Ante la sola posibilidad de que sea cierta la vox populi, ¿para qué arriesgarse a tener un gobierno postrado ante el crimen organizado? Esa es una pregunta que deben responder las dirigencias nacionales de los partidos antes de presentar candidatas o candidatos con historiales neblinosos, pues lo que hoy demanda el electorado es certeza, trasparencia, candidaturas blindadas de toda duda. 
Más allá de destinos individuales, proyectos de grupo o cacicazgos regionales, actuar con visión de Estado demanda ver que en el paisaje político nacional pesa la sombra de la narcopolítica. 
No se trata de alcaldías o gubernaturas, tampoco de competencias partidistas, sino de un tema de seguridad nacional: un solo gobernante de alto nivel con lazos oscuros podría, como un Caballo de Troya, abrir las puertas del Estado al poder corruptor del crimen organizado.
Especialmente tras la fuga de Joaquín “el Chapo” Guzmán, se respira la amenaza de que el narco intente ya no comprar gobernantes, sino simple y llanamente imponerlos a través de la compra de votos. 
Es por ello que, a pesar de los riesgos personales que implica, jamás me ha temblado la voz para demandar que haya historiales impecables detrás de cada proyecto político. 
Es por ello, también, que expresé recientemente que de presentarse candidaturas con “vínculos extraños” a la gubernatura de mi estado natal, Durango, participaría en la contienda con la finalidad de evitar que triunfaran; participaría, debo puntualizar, no necesariamente como candidato. Entonces declaré, y lo sostengo, que se corre un riesgo demasiado alto al permitir que una gubernatura sea ocupada por una persona que no tenga un currículo inmaculado.
Además, no dije que tal o cual persona es narcotraficante. La senadora Leticia Herrera se precipitó y creyó ciertas versiones, malinterpretadas por accidente o dolo, pero en todo caso falsas que, de ser ciertas las versiones de la prensa, la llevaron a amenazar con interponer una “denuncia formal por difamación” en mi contra, cosa que no ha sucedido. Es por ello que ahora doy la cara públicamente.
Más que sentirse agredida, convendría que la precandidata advirtiera que está ante la gran oportunidad de limpiar su nombre y el del clan Herrera Araluce.
Balazos, heridos, sicarios, narcotráfico, cocaína, armas, lavado de dinero, esos son los temas que la prensa registra sobre su familia. Hay un cúmulo de notas periodísticas, que por cuestiones de espacio no puedo referir aquí, en las cuales el padre de la Senadora ha recibido severas acusaciones a lo largo de casi una década.
No es que se busque manchar su reputación, es que ya está manchada desde hace años sin que se logre convencer al pueblo duranguense de que las afirmaciones de la prensa local y nacional son falsas.
Por ello, me muestro abierto al debate y hablo de frente a la opinión pública en este tema; no es nada personal contra la Senadora o su familia, sino un intento pleno de sinceridad democrática: está en juego algo mucho más grande que una candidatura o que la misma gubernatura de Durango, lo que realmente enfrentamos es la oportunidad de hacer frente a la sombra de la narcopolítica con el poder de la transparencia.
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