El peor negocio que puede hacer un país es provocar un problema que ya tiene resuelto.
Si algo no generaba polémica en México, era el plazo constitucional del presidente. Nuestra nación ha conseguido un término administrativo, a mi juicio, razonable y políticamente conveniente. Otros países tienen cuatro años con reelección inmediata, que impiden al Ejecutivo tomarse en serio su primer mandato y dedicarse a hacer campaña, como lo hace Donald Trump a costa de México. Otros más, tienen quinquenios con opción a reelección que hacen periodos muy largos de gobierno.
Los latinoamericanos se han especializado en alterar el término constitucional en beneficio de sus caudillos y lo han combinado con ejercicios como el que propone la mayoría en San Lázaro (vamos a ver qué dice el Senado).
Un sexenio en la visión del Constituyente de 1917, es un tiempo razonable para que el presidente despliegue un programa integral y pueda ver cómo los cambios que propone, maduran.
Todos estamos de acuerdo, por ejemplo, en que no podemos pedir que la Guardia Nacional muestre resultados en un año, ni en dos, pero si en 4 o 5 no ha dado frutos, podremos tener ya un juicio más fundado.
La mayoría morenista, a petición de su jefe político, introduce un elemento perturbador y a mi parecer, inconveniente.
Aseguran que la revocación iría amarrada al principio de no reelección que juran y perjuran no se va a alterar. Si esto es cierto, la revocación estaría alterando el término constitucional por la vía de la amputación.
Es decir, en vez de un sexenio, estarían proponiendo que tuviésemos un trienio en caso de que el presidente resultara reprobado en las urnas.
Y en el supuesto de que fuese ratificado, no tendríamos más beneficios que cultivar la vanidad presidencial y, por supuesto, garantizar que el mandatario esté presente en las elecciones, hecho grave y lamentable pues recordemos el viejo tema de exigencia de la izquierda, que como fuerza de oposición, criticaba que el presidente influyera en los procesos electorales.
En consecuencia, me parece un mecanismo desaconsejable, que introduce una discordia republicana sin proponer ninguna solución.
Si López Obrador ganara la consulta revocatoria no pasaría nada.
Pero si el día de mañana tuviéramos una grave crisis (espero no ocurra) que llevara al presidente a una súbita erosión de su popularidad, tendríamos un severo conflicto de legitimidad porque, para bien o para mal, fue electo para seis años en el cargo y lo razonable es que lo concluya sin interferencias artificiales.
Por otro lado, considero inapropiado tener al jefe del Estado en un permanente juego con las encuestas. AMLO ganó y cambió el estado de ánimo de la gente y eso es muy positivo, pero la popularidad no es un fin en sí misma; el primer mandatario debe asumir las funciones de estadista y tomar decisiones que no solo beneficien a los votantes actuales, sino que lleguen a generaciones futuras.
No queremos que haya fiesta hoy y pobreza mañana.
Los estadistas saben que eso no lo deben hacer, aunque tengan todos los incentivos para llevarlo a cabo. Si la mayoría morenista realmente considera que es tan buena la figura de la revocación y no solo un ejercicio laudatorio del presidente, la podrían incluir en la legislación a partir de la próxima administración, de tal manera que cuando los mexicanos elijamos a un futuro presidente, sepamos que puede durar seis o tres años en el cargo y no este chipote constitucional que podría meternos en un grave problema.
Finalmente creo que si hemos conseguido tener un gobierno estable que toma decisiones pensando en la viabilidad del país a largo plazo, es una pésima idea abrir la posibilidad de que un líder político de oposición aproveche la avenida, que torpemente le da la mayoría, para empezar a hacer política contra el presidente.
Solamente imaginar que ese líder pueda tener un éxito relativo los debería hacer retroceder en su intención, pues el incentivo es envenenar la vida pública y ahuyentar la posibilidad de generar acuerdos de Estado.
Si aprueban ese mecanismo, a partir de su promulgación, toda la política será apoyar o atacar al presidente y eso (aunque ahora les divierte porque tenemos todavía el síndrome de las campañas) es una fatal idea para una nación que vive la peor crisis de violencia de su historia como la que tenemos, con un Trump que sigue usando el anti-mexicanismo como recurso político, al tiempo que pugnamos por ganar inversiones que nuestro propio socio intenta quitarnos.
A mi juicio, las instituciones deben fomentar la cooperación y no someternos a una campaña permanente y por ello, me parece que introducir la revocación del mandato nos va a llevar a un mundo donde exista una campaña electoral continua por parte del ejecutivo y el riesgo más fuerte es el desencuentro, molestia y división de los mexicanos como ya se vive en otros países.