Por: Redacción/Plural
Morelia, Mich., a 18 de abril.-“Se debe establecer desde la ley que el organismo de Derechos Humanos y los poderes del Estado estén vinculados entre sí para un mejor cumplimiento en la protección de los derechos humanos en la entidad”, sentenció el diputado Raymundo Arreola Ortega, quien este miércoles presentará la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 13 y se reforman los artículos 28 y 121 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo y se reforman los artículos 18 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
Raymundo Arreola recordó que a partir de la reforma constitucional de junio de 2011 todo el actuar de Estado se sostiene en la protección y garantía del ejercicio de los derechos humanos, lo que obliga a todos los entes del poder público a actuar en consecuencia, al ejecutivo a encaminar políticas públicas que tengan como principio y fin la protección de los derechos humanos de los gobernados; al legislativo a la emisión de leyes que ayuden a este fin primordial del estado; y a los organismos constitucionales autónomos, en específico a las Comisiones de Derechos Humanos, a la investigación y reparación de las violaciones a los derechos humanos de los gobernados, por parte de actos de autoridad.
El legislador por el distrito de Múgica afirmó que en el caso de Michoacán existen algunos aspectos en la ley que no establecen la coordinación entre ambos entes para beneficio de la protección de los derechos fundamentales, por lo que erróneamente se creé que estas dos instituciones estatales son antagónicas y que no debe haber un trabajo coordinado entre ambas, cada una establece la protección de los derechos humanos pero de manera unilateral.
Actualmente, dijo, la ley de la comisión prevé que dentro del informe que anualmente rinde el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, éste puede contener proposiciones para promover la expedición o modificación de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para perfeccionar las prácticas administrativas correspondientes, con el objeto de tutelar de manera más efectiva los Derechos Humanos de los gobernados.
“Sin embargo vemos que los informes anuales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos únicamente presenta datos estadísticos, números fríos que en poco abonan al mejoramiento de las condiciones de protección de los derechos humanos en la entidad, y por otro lado el ejecutivo no cuenta con un plan estratégico para tan importantísima tarea y mandato constitucional de actuar siempre con miras a la protección de los derechos humanos”.
Por lo anterior, el diputado concluyó la urgencia de plasmar en la ley la vinculación necesaria en beneficio de los derechos humanos de los michoacanos.