Por: Redacción/Plural
Morelia, Mich., a 22 de septiembre.-Empresarios de la industria textil denunciaron indolencia por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, ante el incumplimiento de compromisos financieros con proveedores de uniformes escolares, ello a pesar de que los recursos estaban etiquetados y por ende no debían distraerse o utilizarse en otras cosas a fin de evitar cometer un ilícito.
Durante un día plagado de manifestaciones en que diversos sectores de la sociedad demandan que el actual gobierno cumpla con los compromisos contraídos, antes de que llegue el la nueva administración, los industriales de la confección y el textil en Michoacán (Incotex) aseguraran que la actual administración les debe 30 millones de pesos, a 133 proveedores, provenientes de 30 municipios michoacanos y quienes cumplieron en tiempo y forma con el contrato generado con autoridades de la Secretaría de Educación Pública.
Por su parte, el presidente del organismo empresarial, Alfredo Ocampo Barrueta subrayó en entrevista que los empresarios no pueden seguir financiando los programas del gobierno del estado, si las autoridades siguen incumpliendo con sus compromisos y alimentan la desconfianza hacia las instituciones, sin importar partidos políticos.
Indicó que las autoridades de la Secretaría de Educación el Estado, aprobaron y asignaron el programa de uniformes escolares ciclo 2014-2015, se firmaron los contratos correspondientes y recibieron en tiempo y forma los uniformes, tal fue el caso que el programa se anunció y promocionó con bombo y platillo ante la ciudadanía.
Actualmente, no se entiende la confusión que existe entre autoridades de las Secretarías de Finanzas y Administración, con las de Educación Pública, pues a pesar de que ya pagaron el 50 por ciento del programa, ahora resulta que no saben en dónde o cómo están los expedientes de las compras.
Debido a este problema, el subsecretario de Administración de Finanzas, junto con otras personalidades se comprometieron a crear una mesa de trabajo con los empresarios, sin embargo, existe la duda razonable.
Es importante decir que este asunto afecta no solo a las 133 empresas afectadas en forma directa, se estima un daño colateral a no menos de 400 proveedores del sector.
Asimismo, existe el riesgo que un 20 por ciento de las 133 empresas tengan que suspender actividades, lo que significa que más de 180 familias michoacanas ya no percibirán un ingreso semanal, situación que escalará a más talleres, de no darse una solución inmediata, sin tintes políticos o tiempos administrativos, ya que el compromiso se asumió con la institución del Poder Ejecutivo en Michoacán.