Por: Redacción/Plural
Morelia, Mich.., a 28 de noviembre .-La ley necesita contar con todos los candados posibles a efecto de impedir de manera tajante que todos los funcionarios, desde el más alto nivel, puedan hacer uso del poder como si fuera de su propiedad y evitar a toda costa nuevos casos de enriquecimiento ilícito propio o en favor de un tercero.
Lo anterior lo afirmó el diputado priísta Raymundo Arreola Ortega al explicar la iniciativa para reformar el artículo 254 Bis y adicionar el 254 Ter del Código Penal del Estado de Michoacán.
El legislador por el distrito de Múgica detalló que ante la forma de actuar de algunos funcionarios o ex funcionarios que se han enriquecido de manera ilícita es necesario ampliar la aplicación de este tipo penal para que no se constriña única y exclusivamente a los familiares cercanos al servidor público y que el agente activo tenga que ser servidor público cuando aumente desproporcionadamente sus propiedades, ni solamente durante el ejercicio de su encargo sino años posteriores.
“Algunos funcionarios con maquinación, han puesto propiedades y derechos a nombre de personas no comprendidas en el texto del Código Penal a efecto de evadir a la justicia al amparo de la estricta aplicación de la ley penal o realizan la adquisición de bienes posterior a salir del servicio público”, agregó.
Finalmente, Arreola Ortega recordó que una de las mayores afectaciones al erario público se da por actos de corrupción de parte de servidores públicos, “que dominados por una avaricia y voracidad extraordinarios, hacen uso del poder que el Estado les ha conferido para el ejercicio del servicio público y aumentan su riqueza de manera ilícita con cargo a los fondos del estado, recursos que deberían ser utilizados para beneficio de los gobernados”.