Joel Sánchez Rodríguez
@JoelSanRadar
VOLARON MILLONES…
A casi 14 años de haber culminado su gestión como gobernador de Hidalgo y poco más de tres de que dejó la dirección del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el nombre del ex-mandatario Manuel Ángel Núñez Soto, vuelve a ser noticia luego de que se divulgara en los medios de comunicación, que la Policía Federal y otras instancias como la Secretaría de la Función Pública investigan un posible desvío de hasta 17 mil millones de pesos en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
De acuerdo a la indagatoria que en su momento fue turnada a la Procuraduría General de la República, el desvío en el NAIM fue a través de la compra de materiales sin contratos previos, a empresas y sindicatos vinculados a otro hidalguense, Raúl González Apaolaza, que sustituyó a Núñez Soto en el Grupo Aeroportuario y que en Hidalgo se desempeñó como titular de la Secretaría de Educación Pública y posteriormente como candidato perdedor a la diputación federal por Actopan.
Así como se cuestionan las compras sin contrato, se investigan contratos sin licitación aunque por cantidades menores, por ejemplo uno de 5 millones de pesos otorgado a otro hidalguense, Aurelio Marín Huazo, quien fue contratado como “asesor especializado en gestión social”, primero con Núñez y después con Apaolaza, a razón de 191 mil 714 pesos más I.V.A. por informe mensual.
Se afirma que se indagarán los bienes del ex-gobernador, pues buscan definir hacia donde volaron esos millones del aeropuerto.
AL BANQUILLO…
Otro personaje de la política hidalguense que muy pronto podría estar en el banquillo, en el que su situación jurídica podría pasar de testigo a imputado, es el ex-gobernador José Francisco Olvera Ruiz, pues hace unos días se dio a conocer que la defensa del ex-subsecretario de Administración y Finanzas de la SEPH, Pablo Pérez Martínez, pidió al juez Ciro Juárez González la comparecencia del ex-mandatario.
Hace algunos meses cuando el proceso electoral 2018 se encontraba en su mayor efervescencia, se difundió una supuesta entrevista el entonces prófugo Pablo Pérez, quien está acusado del desvío de más de 600 millones de pesos de la Secretaría de Educación Pública y mucho se afirmó que la cifra podría superar los mil 700 millones saqueados mediante “pellizcos” a diversas partidas del presupuesto y que el dinero que era sacado en efectivo, en cajas de cartón y transportado en camionetas de valores, le era llevado a Paco hasta el garaje de su casa.
Y como Paco Olvera era el único al que reconocía como jefe de Pablo Pérez, no así a Joel Guerrero Juárez y Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, pues ya se esperaba que lo llamaran al banquillo y nadie se extrañe si en algún momento se busca fincarle responsabilidad penal o se le adjudica participación en el multimillonario desvío.
¿LA LIBRARÁ?…
Y ya que hablamos de asuntos penales muy controvertidos, otro finísimo político que parece no la librará, es el diputado federal Cipriano Charrez Pedraza, que a unos meses de haberse visto involucrado en un grave accidente automovilístico que le costó la vida a un joven en Ixmiquilpan, sigue burlándose de la justicia y gozando de la impunidad que le da el fuero constitucional, no nada más porque se sostiene en el dicho de que él no conducía en estado de ebriedad la camioneta que provocó el percance la madrugada del 6 de octubre, sino porque además presumió el haber recibido el perdón legal de los deudos.
Pero ahora resulta que el perdón lo obtuvo mediante presiones y amenazas a familiares de la víctima a quienes por medio de sus enviados arrancó la firma otorgándoles 180 mil pesos y un automóvil, bienes que el padre del muchacho muerto dijo que está dispuesto a devolver.
La familia del joven calcinado acudió a la Cámara de Diputados donde se sabe que el legislador Mario Delgado Carrillo, coordinador de la fracción de MORENA, -que en un principio exigió a Charrez que asumiera su responsabilidad-, ni siquiera los quiso atender, por lo que existe el fundado temor de que los morenos busquen seguir protegiendo al probable homicida.
PRIVACIÓN ILEGAL…
Situación muy grave que no puede dejar de investigarse, es la acusación que en contra de su jefa Erika Sandra Ramírez Arce, realizaron trabajadores de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA), quienes hicieron público que el pasado jueves 10 de enero, fueron encerrados en sus oficinas por órdenes de la funcionaria.
Lo anterior luego de que algunos de los servidores públicos presentaran quejas ante el titular del ejecutivo, por lo que ellos interpretaron como una represalia de la procuradora, la privación ilegal de la libertad de la que fueron víctimas en sus oficinas ubicadas en la colonia Doctores de Pachuca, donde elementos de la Policía Industrial Bancaria, se encargaban de que nadie entrara ni saliera de las instalaciones.
Pese a la advertencia de que denunciarían penalmente esta situación para que fuera la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo la que determine si se incurrió o no en algún delito, hasta el momento se desconoce si realmente acudieron ante el Ministerio Público para iniciar la correspondiente carpeta de investigación, pero no puede pasarse por alto tan grave como la retención forzada a quienes se quejen.
Erika Ramírez Arce es la misma funcionaria que hace unos meses generó una intensa polémica, luego de que fuera exhibida porque en vez de proteger el medio ambiente y sancionar a empresas contaminantes, hacia “labor social” reforestando el exclusivo Club de Golf de Pachuca.
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