Por: José Cruz Delgado
Nueva Italia bajo terror
En las últimas entregas dimos a conocer las amenazas de que fue objeto el diputado priísta Raymundo Arreola Ortega y su familia por parte del alcalde de Múgica(Nueva Italia) Salvador Ruiz Ruiz, sin que hasta ahora haya habido un pronunciamiento al respecto por parte de sus compañeros del Congreso que el parecer no les importa lo que pueda ocurrirle.
La denuncia fue pública, en el la máxima tribuna, donde el “Virrey del Congreso”, el perredista Pascual Sigala Páez y los demás legisladores se concretaron a escuchar la denuncia pero nadie dijo nada al respecto, bueno ni siquiera la gris presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada del tricolor, mucho menos los de oposición.
No se trata de colores partidistas, sino uno de sus compañeros del Congreso cuya integridad física y la de su familia está en juego por las amenazas de un gorila que se hace llamar alcalde, represivo que gobierna a base de amenazas y terror apoyado por su policía.
Se dice que Salvador Ruiz Ruiz, llegó a la presidencia municipal gracias a la imposición del actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Pascual Sigala, los que votaron por él confiaron y desde el primer día de su gobierno se dieron cuenta del error que cometieron y de inmediato se convirtió en dictador y todo aquel que proteste sufre las consecuencias, son perseguidos y encarcelados violando los derechos más elementales de los ciudadanos que dice gobernar.
El munícipe es repudiado por los habitantes del municipio de Múgica por sus acciones gorilescas, quien no esté de acuerdo con él o lo contradigan es perseguido violentando sus derechos como la Libre manifestación y la Libertad de Expresión, pues también los medios de comunicación han sido reprimidos como ocurrió a principios de abril del año pasado cuando un grupo de mujeres mantenían un plantón en la alcaldía para exigir que Ciudad Mujer se construyera en esa cabecera municipal.
Ese fue el pretexto para Ruiz Ruiz hiciera uso de la fuerza pública y las manifestantes fueran trasladadas a la capital michoacana y encarceladas por el único delito de exigir sus derechos. En esa acción fueron reprimidos los periodistas como Salvador Adame Prado (qepd) y otros compañeros más de ese municipio cuando hacían su trabajo.
Después de que un grupo de mujeres mantuviera tomada la presidencia municipal de Múgica, estás fueron detenidas mediante un operativo por la Secretaría de Seguridad de Pública para desbloquear dicha instancia. Cabe recordar que las mujeres se manifestaban en la construcción de la llamada Ciudad Mujer, proyecto que se llevaría a cabo en Huetamo.
Tras una marcha que las inconformes realizaron el pasado martes y que culminó con la toma de la presidencia municipal de esa demarcación, esta mañana fueron detenidas.
La recomendación 019/2017 emitida por la CEDH también alcanzó al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador de Justicia del Estado. En el primer caso se solicita dar vista a la Dirección de Asuntos Internos para iniciar procedimiento administrativo en los términos de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos de Estado de Michoacán y sus Municipios para sancionar a quienes participaron en el operativo y que hayan incurrido en faltas administrativas y excesos.
Por lo que respecta a la PGJ se pide realizar la investigación correspondiente respecto a los actos de irregular integración de la averiguación previa penal del caso, al acreditar que se practicaron de manera negligente las diligencias, lo que se tradujo en la violación a la garantía de legalidad de las detenidas.
A los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Múgica se les pide dar vista a la Contraloría Municipal para sancionar al alcalde de ese municipio, por la comisión de actos violatorios de derechos humanos consistentes en violación a los derechos de la mujer, de la libertad a manifestarse y el derecho a protestar.
No pasa desapercibido para este organismo autónomo que en muchos casos en que colectivos ejercen su derecho a manifestarse, las autoridades, lamentablemente, como respuesta a las inconformidades de estos grupos o individuos, recurren a criminalizar la protesta social, en donde en lugar de dar respuesta a las demandas arrestan arbitrariamente a los manifestantes, golpean y deambulan con los detenidos para después liberarlos, como una estrategia de disuasión que vulnera derechos fundamentales.
Así como ocurrió con las mujeres de Múgica que se manifestaron por una justa demanda y que en respuesta el alcalde Salvador Ruíz Ruíz, lejos de entablar una diálogo con las quejosas para atender sus exigencias por la aparente reubicación de un proyecto de carácter social, violentó los principios de legalidad y ordenó un tratamiento policial para disuadir a las protestantes, lo que derivó en el desalojo y detención arbitraria de las inconformes.
La Comisión se manifestó en contra de la implementación de mecanismos que restrinjan o anulen derechos y libertades, con la implícita intención de nulificar el derecho de reunión y de manifestación reconocidos constitucionalmente.
Para este organismo resulta inadmisible que para decretar los supuestos de libertad, se soliciten compromisos que impliquen una abdicación de derechos humanos, como es la “carta de compromiso” que en el interior de la guardia de la policía ministerial se les hizo firmar a las agraviadas para obtener su libertad y que señala “nos comprometemos ante la representante social que en lo sucesivo no violentaremos, ni obstaculizaremos por ningún medio o motivo la entrada a la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Múgica, Michoacán, ni haremos desmanes de ninguna índole, no agredir personas civiles y/o autoridades ni física ni verbalmente, no afectar intereses de las personas institucionales correspondientes respetar derechos de terceros, respetar instituciones gubernamentales así como no dañarlas”.
El Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, José Martín Godoy Castro, fue otro de los que violentó los derechos humanos de las mujeres al señalar que la detención fue una actuación legítima “para garantizar orden y el estado de derecho, además de evitar un daño mayor mediante el cual se lesionen otros bienes jurídicos tutelados por la ley”.
Tal para cual, ambos son violadores de los derechos humanos.
Al parecer, el organismo pidió en su recomendación al alcalde salvador Ruiz Ruiz que se disculpara públicamente, a la fecha no o ha hecho y el caso quedó en la impunidad gracias a la complicidad del procurador Godoy Castro u Pascual Sigala.
Por cierto, se dice que Ruiz Ruiz es socio de una constructora propiedad del “Virrey del Congreso” y que por ello se siente intocable y que el gobernador Silvano Aureoles no comulga con el edil.
Comulgue o no, es muy lamentable que a la fecha el mandatario tampoco se haya manifestado por las amenazas del alcalde contra Raymundo Arreola Ortega y su familia.
Fue precisamente que el diputado intervino en la liberación de las mujeres y quizá es por ello que el edil lo llame “agitador” cuando su deber como legislador por ese distrito era precisamente velar por las inocentes mujeres porque en su momento nadie intervino por ellas. Para el edil los luchadores sociales son, los que exigen sus derechos son agitadores sociales es por ello que ha implementado una política de terror en ese municipio de Tierra Caliente.