Por: José cruz Delgado
La secretaria general del Sindicato de trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud de Michoacán “General Lázaro Cárdenas”, llevó el caso de corrupción, acoso laboral y represión económica por parte del gobierno de Michoacán a través del Sector Salud hasta el Congreso de la Unión y se reunió con las diputadas federales Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud, Mary Carmen Bernal Martínez, de la Comisión de Seguridad Social, María Chávez Pérez, integrante de la Comisión de Educación y Ana Lilia Guillén Quiroz, de la Comisión de Vivienda quienes en conjunto ofrecieron una rueda de prensa para exhortar al gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo y a la Secretaría de Salud el cese inmediato del hostigamiento y persecución de que están siendo objeto los trabajadores y trabajadoras de su gremio sindical.
La persecución laboral y política contra los directivos sindicales y sus agremiados no es nada nuevo, sobre todo porque Pichardo Escobedo no se ha dejado “mangonear” por el perredista Silvano Aureoles Conejo y los titulares en turno de la Secretaría de Salud y alza la voz cuando atentan contra sus derechos.
Siempre ha criticado la corrupción que impera el sector salud y en venganza por su rebeldía hay rescisión de contratos y represión económica al atrasarles sus quincenas.
Las legisladoras conocieron de viva voz de la dirigente que por defender los derechos de sus agremiados el gobierno estatal y otras autoridades recorren a la venganza laboral, sobre todo la titular de Salud Diana Celia Carpio Rio.
Se dijo que las manifestaciones de protesta han sido responsables y legales porque no afectan a terceros, pero con actos represivos quieren acabar con nuestro sindicato pero no lo van lograr, dijo enérgica Pichardo Escobedo.
Denunció que las trabajadoras han sido y están siendo objeto de acoso sexual y al no acceder e les rescinden los contratos como una manera de venganza y existen denuncias penales al respecto pero no se hace nada dijo.
Ante ello, las legisladoras exhortaron al gobierno de Michoacán, y a Recursos Humanos y Delegación administrativa de la Secretaría de Salud suspenda de manera inmediata despidos, acoso laboral, acciones de hostigamiento y amenazas porque consideraron que se están violando sus derechos.
Además exigieron que la titular de Salud, Diana Celia Carpio Río haga un informe público sobre el pago y situación laboral de cada uno de las y los trabajadores del sindicato “General Lázaro Cárdenas”
Además pidieron que quien haya sido afectado por dichas acciones injustas y represivas presenten una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.
Así pues, las cosas se le complican a Silvano Aureoles Conejo y debe tomar cartas de inmediato y se haga una investigación a fondo sobre este tema pero lo más conveniente sería que Carpio Río fuera destituida porque la verdad, quienes cuidan los intereses del grupo del Estado de México no son de fiar.
¿La Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas para después?
El estado de Michoacán atraviesa por una severa crisis financiera y tendrá muchos problemas para los pagos de la nómina de los trabajadores, ante ello tendrá que recurrir a la “bondad” del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para que a partir del primero de diciembre le haga llegar más recursos.
Ojalá que la “bondad” del nuevo presidente sea sincera y no vaya a tomar represalias contra el gobierno michoacano como lo hizo el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en la administración de Leonel Godoy Rangel, luego que Silvano Aureoles Conejo expresara simpatía por el ex candidato presidencial priista José Antonio Meade.
Lamentablemente los morenistas siguen embriagados de poder y parece ser que aún no se dan cuenta que ya son gobierno y que deben actuar como tal, que el proceso electoral culminó y no debe haber revanchismos.
Al parecer el gobierno morenista ya envió el primer mensaje a través delfuturo Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gerardo Esquivel Hernández, al declarar que Comisión Especial para la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas no vaya a ser una prioridad para la próxima administración federal.
El diputado por Movimiento Ciudadano, Javier Paredes Andrade y presidente de la Comisión Especial para la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas, señala que esta zona no sólo representa la posibilidad de desarrollo económico para una región metropolitana que engloba a Michoacán y Guerrero, sino también la posibilidad de fincar el desarrollo económico que demanda el país, pues uno de los problemas que enfrenta no sólo Michoacán sino el país en general es la falta de crecimiento económico y con ello también la falta de oportunidades reales de empleos bien remunerados.
Fue más allá al decir que estas condiciones de falta de oportunidades y de inversión para la generación de empleos, ha profundizado la pobreza en Michoacán, y eso ha traído consigo que una importante cantidad de jóvenes en edad productiva no encuentre posibilidades para salir adelante, poniéndolos en una situación vulnerable frente a la delincuencia organizada que aprovecha todos estos huecos que institucionalmente no atienden las potencialidades que tiene una entidad como la michoacana.
Tiene mucha razón Paredes Andrade al enfatizar que no se puede priorizar o favorecer sólo el desarrollo de una parte del país, sino que se tienen que atender a todas las regiones, para generar condiciones de desarrollo que ayuden a que los distintos problemas y rezagos que aquejan a las entidades se vayan afrontando por lo que hizo un llamado a la próxima administración federal a que replantee y reconsidere la exclusión que se anticipa de la Zona Económica Especial.
Mientras que el altivo presidente de Alfredo Ramírez Bedolla “exhortarán” al Ejecutivo federal, encabezado a partir del primero de diciembre por Andrés Manuel López Obrador, a declarar una Zona Franca alrededor de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas-La Unión (ZEE) como si con exhortos se solucionaran las cosas.
Pero el legislador petista e integrante de la Comisión de Zona Económica Especial del Congreso de Michoacán, Salvador Arvizu Cisneros, afirmó que es necesario que los mil 800 millones de pesos que se pretende invertir en el Puerto de Lázaro Cárdenas se apliquen en infraestructura básica que tanto requiere la población del municipio dizque porque se presta para que se beneficien unos cuantos y en muchas ocasiones esos beneficiados ni siquiera viven allí en el puerto.
Este personaje que salió de la nada no sabe lo que dice, ¿acaso no sabe que la inversión es para lograr el desarrollo económico que beneficiaría a toda la población en general?
Precisamente Michoacán requiere de inversiones para se generen más empleos y haya más servicios para los michoacanos pero este diputado adopta una postura populista que no lleva a nada bueno.