Por: José Cruz Delgado
La CNTE, enemiga de la educación retomarán los bloqueos
Al Staspe mientras más le dan más quiere
Debe haber mayor coordinación entre autoridades municipales y estatales: Wili
La seguridad de los michoacanos en manos ineptas
No cabe duda que la llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se ha caracterizado por obtener prebendas a través de marchas, paros, tomas de vías de comunicación y casetas, pese a que se ha reunido varias veces con el gobernador Silvano Aureoles Conejo y ha reconocido la buena disposición del gobierno estatal, maneja el doble discurso, pues en la mesa dicen una cosa y en los hechos otra.
Prueba de ello, es que el próximo martes siete del mes en curso, los de la CNTE, enemigos de la educación retomarán los bloqueos, al parecer en todas las entradas a la capital michoacana y seguramente contarán con el respaldo de los desquiciados y vándalos supuestos estudiantes de las escuelas normales como la de Tiripetío que, como siempre secuestrarán autobuses y realizarán pintas causando daños millonarios a los edificios históricos bajo el pretexto de que aún quedan algunos pagos pendientes sin importarles el daño que puedan causarlos a los niños quienes al final de cuentas son los que pagan las consecuencias por el bajo rendimiento educativo.
El gobierno del estado ha sido demasiado tolerante, no se ha fajado los pantalones y la promesa de que no iba a permitir más desmanes de los “tiris” ha quedado en el archivo del olvido. Siguen haciendo de las suyas ante el reclamo popular que exige se garantice el Estado de Derecho y el respeto a terceros.
Se presume que se les unirán el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado (SUTASPJEM), ya que cerrarán las calles donde se encuentran sus oficinas, pese a que los burócratas reciben todo lo que piden, pero como dice el dicho “mientras más les dan más quieren”.
Mientras el gobierno del estado los siga consintiendo, no sólo será cómplice, sino que seguirán causado más daño el sector educativo, al empresarial y a la sociedad en general.
Cambiando un poco el tema, la Comisión de Desarrollo Social en el Congreso de la Unión, que preside el diputado Víctor Silva Tejeda, aprobó para el ejercicio fiscal de 2018, 64 mil 014 millones de pesos, que se deberán destinar para la atención de 2 mil 331 municipios identificados como Zonas de Atención Prioritaria para las áreas urbanas, y para 1 mil 115 municipios de zonas rurales.
De acuerdo con Silva Tejeda, explicó que se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación o indicativos de existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social, establecidos en la Ley General de Desarrollo Social.
Señaló que estos recursos son asignados para elevar los índices de bienestar de la población; establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo; generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales, y desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social.
El legislador priista comentó que Michoacán cuenta con 28 Zonas de Atención Prioritaria rurales, la cuales son identificadas con el Marco Geoestadístico Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Y en lo que respecta a la inseguridad en el estado, debe haber mayor coordinación entre autoridades municipales y estatales, afirmó Wilfrido Lázaro Medina presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil en el Congreso del Estado, quien a la vez hizo un llamado urgente para poner en marcha una estrategia integral que regrese la seguridad y la tranquilidad a los michoacanos.
De acuerdo a su dicho, en la semana que concluyó, fueron más de 30 los homicidios perpetrados contra ciudadanos en diferentes circunstancias. Un importante número de ellos ocurrieron en la capital del estado, en donde el actual presidente municipal sigue sin firmar el Mando Unificado. La seguridad, alertó el diputado priista, se ha convertido en un tema de preocupación para los ciudadanos, así ha quedado de manifiesto en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del 2017, en donde el 53.4 por ciento de la población mayor de 18 años considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy a la entidad.
La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), también revela que el 33.8 por ciento de la población de 18 años o más en Michoacán, considera que vivir en su colonia o localidad, es inseguro.
De verdad que el legislador dio en el clavo, pues los michoacanos aseguran que la inseguridad ya es generalizada y no una región como en antaño, hoy se percibe miedo, han desplazamiento de población hacia otras ciudades del país o la Unión Americana y hay temor de los empresarios de invertir pese a lo contrario que dicen las autoridades.
Y sí, efectivamente hacen falta más acciones y no poses y declaraciones de los encargados de la seguridad en Michoacán, pues de seguir así las cosas, podrían resurgir de nuevo las autodefensas y si no, al tiempo. Llegará el momento en que la sociedad harta de la inseguridad podría tomar la justicia por su propia mano como ya se está haciendo en la ciudad de Uruapan y las autoridades no tendrán calidad moral para evitarlo.
En el puerto de Lázaro Cárdenas, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, anunció el plan de recompensas para quien presente informes sobre los objetivos criminales que se encuentran bajo la mira de las autoridades tanto estatales como federales, pero esta no es la solución, la solución es que tanto el titular de Seguridad Pública, Juan Bernardo Cora como el de la Procuraduría General de Justicia, José Martín Godoy Vargas hagan mejor su trabajo.