Las amenazas de la CNTE
El caso Huber llega al Congreso
Por: José Cruz Delgado
La mala “rachita” de inseguridad en Michoacán sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo porque los encargados de brindar seguridad a la sociedad no da resultados. Lamentablemente esa “rachita” lleva ya más de dos años.
El escenario sigue siendo la Tierra Caliente, pues en un rancho llamado Los Cuiniques, perteneciente al municipio de Apatzingán, un grupo de sujetos armados irrumpieron en la finca y acribillaron a tiros dos familiares del ex edil de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza. Entre los fallecidos está un menor de edad.
En el ataque murió Jorge Soto Chávez y su hijo de 12 años de edad. Jorge es medio hermano del ex alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez y aunque hubo un despliegue impresionante de las fuerzas estatales y federales, como siempre no hay rastros de los criminales.
Ante estos lamentables hechos, el diputado Mario Armando Mendoza Guzmán, dijo que es urgente que intervenga la federación ante la creciente ola de asesinatos, bloqueos de carreteras y quema de vehículos, pues hoy como nunca está en riesgo la seguridad de los ciudadanos, la gobernabilidad y el proceso electoral.
El presidente de la comisión de Gobernación consideró que el llamado realizado por el gobernador para que los “presidentes municipales se cuiden”, solo denota que el estado ha sido rebasado por lo que señaló que Michoacán requiere del auxilio del Gobierno Federal, que como en otras administraciones, ha apoyado al estado en los momentos más críticos de los gobiernos estatales, contribuyendo a la restauración del orden social y de la gobernabilidad.
Fue más allá al decir que es evidente que la administración estatal ha sido rebasado y Michoacán se ha colocado en una de las entidades con mayor número de homicidios de dolosos, ubicando al estado en el cuarto lugar de este tipo de ilícitos, esto sin contar los delitos como el robo a transeúntes y vehículos que son uno de los problemas más sufridos por los habitantes de ciudades como Morelia.
Mendoza Guzmán agregó que datos en materia de justicia establecen que en Michoacán se han registrado mil 486 homicidios en el primer semestre, mismos que representan un 34 por ciento más en comparación con el 2016.
El gobernador Silvano Aureoles Conejo debe reconocer con humildad que las autoridades han sido rebasadas, hacer un lado su soberbia y solicitar la ayuda del gobierno federal para que se restablezca la tan ansiada paz social que tanto anhelan los michoacanos, una paz que está muy lejos de lograrse si Silvano no acepta que sus funcionarios que supuestamente tienen a su cargo la seguridad no le están funcionando por lo que debe hacer una valoración minuciosa y de ser necesario los destituya dejando de lado amistades y compromisos políticos pues primero está el bienestar de sus gobernados.
Como lo habíamos comentado en una entrega anterior, los integrantes de la CNTE han amenazado a los maestros del SNTE que no permitirán que estos últimos realicen su congreso extraordinario donde elegirán su nueva dirigencia. Los energúmenos de la CNTE creen que sólo ellos tienen la razón e intentan cortar la libertad de asociación violando la propia Constitución del país. Se le olvida que son los institucionales quienes tienen el contrato colectivo de trabajo y tienen todo el derecho a organizarse.
Seguramente están en contra de este proceso democrático porque sienten que van a perder sus prebendas y privilegios y para impedirlo están dispuestos a paralizar las actividades educativas como si los niños tuvieran la culpa de sus diferencias.
No es la primera vez que estos sicarios de la educación intentan boicotear los congresos del ala institucional de manera arbitraria porque se sienten dueños de la educación gracias a la complicidad del gobierno del estado que todo les ha dado. Habrá que recordarles que cuando la CNTE realiza sus congresos, los del SNTE no intervienen en su forma de organización, se ha mostrado respetuoso de la vida interna de su agrupación a todas luces ilegal.
Es de destacar que los maestros institucionales son los que siempre están frente a grupo, no hacen paros ni marchas ni plantones y todas sus demandas las hacen a través de la vía institucional ante las autoridades competentes, sin embargo son violentados sus derechos laborales y humanos por no compartir sus ideas, son amenazados y no se les permite el ingreso a las aulas argumentando que son “charros”.
Tras la entrada en operación de Huber en las ciudades de Morelia y Uruapan, y ante la amenaza de los líderes del transporte público de detener a cualquier unidad que preste el servicio, el caso llegó al Congreso, pues el diputado Roberto Carlos López García solicitó a la autoridad del sector asuma su papel de una manera responsable y evite confrontaciones entre trabajadores del volante de la capital michoacana, para lo cual debe generar condiciones de entendimiento con los protagonistas del conflicto.
El legislador dijo estar preocupado de que la inconformidad escalen a niveles de violencia como se han registrado en otras partes del país donde Uber ha operado, por lo que lanzó un llamado para que las autoridades encargadas en la materia, encabezadas por la Secretaría de Gobierno y la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra), actúen de forma responsable y medien entre ambas partes, pues reconoció que un amplio sector de la sociedad moreliana exige ampliar la oferta en el servicio de transporte.
Consideró necesario que haya sensibilidad social de parte de las instancias gubernamentales para tratar el tema y evitar que el conflicto actual se convierta en una problemática que lleve a una confrontación entre morelianos, “una guerra civil” entre trabajadores del volante que sólo buscan una fuente de empleo estable.
Cabe destacar que los morelianos han mostrado su conformidad por la entrada de Uber, dicen estar más seguros con su servicio y que es muy eficiente, contrario al que presta el transporte público.
No se trata de defender o atacar a nadie, sino que efectivamente, las autoridades de la Comisión Coordinadora del Transporte busquen llegar a acuerdos para que no haya enfrentamientos como lo sugiere López García.
Ahora bien, si hubiera un mejor servicio por parte de los concesionarios del transporte público, quizá no hubiera llegado Uber, pero la mayoría de los usuarios están inconformes con la actitud de los conductores que no respetan la ley, salvo sus honrosas excepciones y quien realmente tiene la culpa de la llegada de Uber son los propios dirigentes de las diversas agrupaciones de transportistas por no poner orden y hacer que se cumpla con el reglamento.
En el pecado llevan la penitencia.