Por: Redacción/Plural
Ciudad de México, a 13 de junio.-La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en periodo extraordinario de sesiones, pondrá a consideración del pleno tres minutas provenientes del Senado de la República, sin modificación alguna. Las cuales forman parte del paquete de normas prioritarias para dotar al sistema jurídico de los ordenamientos necesarios para lograr la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio y oral, el cual entrará en vigor el próximo 18 de junio a nivel nacional, declaró el diputado federal, Víctor Silva Tejeda.
“La Comisión de Justicia realizó trabajo en conjunto con las instancias de gobierno que operan el sistema acusatorio, con la sociedad civil y con los grupos parlamentarios de la comisión, con el objetivo de conseguir la aprobación de todas las minutas y poder remitirlas inmediatamente al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, explicó el dirigente estatal del PRI en Michoacán.
Señaló que la aprobación de estas leyes se logró el 30 de mayo con ningún voto en contra. “Sin embargo, la discusión sobre las mismas se inició hace tres años en el Senado de la República, recibiéndolas en la Cámara de Diputados el 29 de abril de este año”, precisó el legislador federal.
Las leyes en mención son las siguientes:
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual tiene como objetivo que exista en el territorio nacional un instrumento jurídico que pueda aplicarse a las personas menores de edad, de entre 12 y 18 años, que cometan o hayan cometido algún delito.
La Ley Nacional de Ejecución Penal tiene la finalidad de crear un ordenamiento jurídico que establezca claramente las normas que deben de observarse durante la prisión, ya sea esta de manera preventiva o compurgando una sentencia, buscando respetar en todo momento los Derechos Humanos de las personas que se encuentran en estas situaciones.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada busca armonizar la ley con la terminología propia del Código Nacional de Procedimientos Penales, tratando de hacer más eficiente la investigación y persecución de los delitos.