Por: Gregorio Ortega Mwdina
*La Ley de Seguridad Interior caminó por un lado y el proyecto de la Oficina Nacional de Política de Drogas por otro, ¿no es jugar al tío Lolo?.
En los días en que más álgido fue el rechazo a la Ley de Seguridad Interior, pudo habérsenos ido de noche una propuesta de la PGR, presentada bajo el manto verbal erróneo de Nuevo Modelo Homologado de Justicia, con en el que aspira a tener los recursos humanos y económicos y el apoyo de la sociedad y el Poder Ejecutivo, para crear la Oficina Nacional de Política de Drogas.
Para que quedará claro el origen del proyecto, lo presentó en tándem con la Fiscalía de Justicia del Estado de México en la mesa de análisis durante la 38 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, efectuada en Valle de Bravo. Ahora pretenden conceptuar y sacar adelante la Ley Nacional contra la Delincuencia Organizada.
Para abundar más en las coincidencias que señalan un origen, resulta que Alberto Elías Beltrán fue el presidente en suplencia de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y fue él mismo quien hizo pública esa idea del nuevo modelo homologado de procuración de justicia, asegurando que fue conceptuado y elaborado con solvencia técnica y legitimidad política, a fin de convertirlo en un instrumento elemental para transformar el sistema de procuración de justicia, tanto a nivel local como federal.
Se me ocurre pensar que dicha propuesta debió ser comparada con la Ley de Seguridad Interior, para saber si realmente fue necesario promoverla tanto, o uno u otra debió sumarse a un proyecto común, para dejar a las FFAA fuera del lío que tanto conflicto anímico, ético, político y constitucional causa.
El proyecto que desean vendernos como maravilla y endilgarnos en el presupuesto, funciona ya de manera experimental e interna en la PGR, y está ideado para que opere como una política criminal de seguridad pública y de justicia penal; un esquema de gobernanza y administración que incluya el liderazgo institucional, así como a áreas operativas, transversales y de soporte y un mecanismo de supervisión y estrategia para la operación sustantiva, basado en un plan de persecución penal.
Dice la nota de los medios impresos: “También contempla un modelo de investigación y de funcionamiento que abarque los procesos desde la denuncia o querella, hasta la solución de los conflictos; además de otro de operación sustantiva que administre la demanda de servicios de procuración, a través de la política criminal y del plan de persecución penal, así como de funciones transversales de gobierno, supervisión, servicios periciales y de investigación, además de mecanismos alternativos de solución de controversias.
“En el marco de este modelo, se fortalecerá a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a través de diferentes acciones como dotarla de mayores facultades y capacidades técnicas para realizar ciber-investigaciones; crear una Oficina Nacional de Política de Drogas, e integrarle un Centro académico de formación y desarrollo para que capacite a sus agentes”.
Cinco años tarde, pero ya hay una oferta. ¿Para qué demonios insistir en la Ley de Seguridad Interior?
Porque lo anterior es sólo palabrería, para ocultar lo que realmente aspiran a hacer y que no cualquier miembro de la sociedad tiene los redaños de acometer. Comprenderlo fácilmente requiere de la lectura del ensayo De lo útil y de lo honrado, donde Michel de Montaigne deja aclarado.
“… en toda sociedad hay oficios necesarios, no sólo abyectos sino incluso viciosos; los vicios hallan su lugar y empléanse para la costura de nuestra unión, como los venenos para la conservación de nuestra salud. Si se hacen excusables porque nos son precisos y la necesidad común borra su auténtica naturaleza, se ha de dejar representar ese papel a los ciudadanos más vigorosos y menos temerosos que sacrifican su honor y su conciencia, como aquellos otros antiguos sacrificaron sus vidas para salvar a su país; nosotros, más débiles, nos quedamos con papeles más fáciles y menos arriesgados. Requiere el bien público que se traicione, se mienta y se asesine; dejemos esa tarea a gentes más obedientes y maleables”.
El problema es claro: lo que han hecho durante los últimos tres sexenios no es útil al bien público, pero se han mostrado encantados en hacer lo necesario para que así lo creamos, mientras no suceda que lo por ellos echo se les revierta y caigan las consecuencias sobre ellos y sus familias, al menos en forma de escarnio público.
La reingeniería social continuará.