Por: Patricia Alcalá Alcalá
Ciudad de México, a 22 marzo.- El ministro Juan Luis González Alcántara, admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para liberarse de la obligación de impartir educación básica, con el que además impugna las reglas de distribución de recursos federales para pagar a los maestros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó este día la admisión, acordada desde el 4 de marzo por el ministro González Alcántara, quien dio 30 días hábiles al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión para que contesten la demanda y mientras se tramita el juicio, que puede tomar más de un año, están vigentes todas las normas y regulaciones impugnadas por Michoacán, que no solicitó suspensión.
El gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles pidió a la Corte anular el Artículo 13, fracción 1, de la Ley General de Educación, que asigna a los Estados la obligación de impartir de manera exclusiva la educación inicial, básica incluyendo la indígena, y normal para formación de maestros.
En el recurso jurídico el gobierno de Michoacán también solicitó invalidar los artículos 26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de recursos federales para la educación, así como dos oficios de la Secretaría de Educación Pública, emitidos en el marco de la disputa con la CNTE por deudas con los profesores.
Según la demanda, los oficios de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, fechados el 26 de noviembre y 14 de diciembre, fueron actos de aplicación de las leyes que ahora reclama y las eventuales sentencias favorables de la Corte sobre la inconstitucionalidad de estas leyes sólo tendrán efectos para Michoacán, luego de que el 26 de noviembre anunció que se retira del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica por carecer de recursos para pagar la nómina magisterial
Por otro lado, ese Acuerdo, firmado en 1992, descentralizó la educación básica hacia los Estados, pero la obligación de Michoacán en esta materia no deriva sólo del Acuerdo, en el que participaba voluntariamente, sino de la Ley General de Educación vigente desde 1993.
El anuncio del 26 de noviembre fue seguido por una crisis provocada por bloqueos de la Sección 18 de la CNTE en Michoacán, que reclama pagos pendientes.