Por: Gregorio Ortega Molina
*Sacar a las Fuerzas Armadas a las calles a desempeñar funciones policiacas tiene ya un costo humano, social y político. No se trata de tolerar crímenes como el de Georges Floyd, pero tampoco es menester que los jefes de los soldados fallecidos informen a los deudos que sus familiares murieron. Evitar bajas puede requerir ocasionar muertes a los enemigos
Las diferencias entre el orden civil y militar son muchas, algunas sutiles y otras absolutamente claras. La misma palabra adquiere un concepto distinto para cada uno de esos ámbitos. A veces hasta contradictorio.
Pacificar, limpiar las calles, poner orden, purificar a México, no indican lo mismo para los milites que para los licenciados (sean abogados, economistas o pseudo profesionales de la política). La divergencia entre la manera de entender la misma voz de orden, muestra el modito de ser del mexicano, nacido de un mundo violento, cruento, traicionero. La fiesta de las balas de Martín Luis Guzmán, o Pedro Páramo de Juan Rulfo… también La muerte tiene permiso de Edmundo Valadés, son notorias narraciones de la literatura mexicana en las que se muestran rasgos del carácter que distingue a esta raza de bronce. Los muertos nos hablan y la calavera nos pela los dientes, como dijera Pepe El Toro, esencia del cine mexicano en Nosotros los pobres.
Muchos integrantes de las corporaciones policíacas mexicanas decidieron abandonarlas cuando “sintieron” que, por cumplir con su deber, se les enjuiciaría y sancionaría por violar los derechos humanos. Al menos dejaron de cumplimentar órdenes de aprehensión. “Salen a jugársela y los matan”, me argumentaron algunos amigos y conocidos que llegaron a ser capitanes, comandantes e incluso directores en alguna de las constitucionales e inconstitucionales policías del país.
Con los militares es diferente. Los subordinados tienen muy claras sus funciones y lo que indican las instrucciones de los superiores. Poner orden dista mucho de dejar aseado y limpio el catre y lustradas las botas; limpiar las calles obviamente no significa barrerlas; pacificar requiere vencer al enemigo, de ninguna manera abrazarlo.
Si entre los civiles prefieren “adjudicar los fracasos y las derrotas a mínimos caprichos del azar, como si eso disculpara las distracciones o sus equivocaciones”, no ocurre lo mismo en el mundo castrense, sea en la Marina o en la Defensa Nacional. Los errores se sancionan, muchas veces con severidad, y allí las órdenes se cumplen porque se cumplen.
Antes de poner el grito en el cielo al escuchar la orden ¡mátenlo!, debemos investigar las causas y establecer si se cometió un desatino porque el ejecutado fue, en apariencia, víctima de secuestro; una reacción equivocada, o sólo correspondió al tamaño de la ofensa que recibieron los soldados por actuar como punta de lanza contra el narcotráfico. En ese campo de batalla, los sicarios no abrazan, perdonan ni justifican.
Cuando “por accidente” matan civiles en Monterrey, en Tamaulipas, en las inmediaciones de “La Boquilla”, debemos preguntarnos de dónde provino la orden, porque sería más grave descubrir que los soldados y marinos mexicanos son de gatillo fácil y bragueta abierta, dispuestos a cualquier violación, aunque sean mujeres muy mayores.
Sacar a las Fuerzas Armadas a las calles a desempeñar funciones policiacas tiene ya un costo humano, social y político. No se trata de tolerar crímenes como el de Georges Floyd, pero tampoco es menester que los jefes de los soldados fallecidos informen a los deudos que sus familiares murieron. Evitar bajas puede requerir ocasionar muertes a los enemigos.
Creo que estamos ante la necesidad de acostumbrarnos a vivir en un país de ejecuciones sumarias, desde uno y otro lado de la lucha contra el narcotráfico. Pero que esa idea se haga chicharrón.