Por: Fernando Pérez Chávez
Reformas a Ley de Adquisiciones.
Manga Ancha a Gobierno de la 4T.
Habrá Más Corrupción y Opacidad.
Con la aprobación de las modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios al Sector Público, para que cuando no haya condiciones para una licitación pública nacional el presidente o cualquier dependencia del gobierno de la Cuarta Transformación, ahora podrá hacer contratos en forma discrecional y tendrá manga ancha para fomentar la corrupción y la opacidad.
Y si el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el de acabar con la corrupción e incluso en su Plan Nacional de Desarrollo propuso “prohibir las adjudicaciones directas” para acabar con la corrupción, está claro que fueron buenas intenciones, porqué el gobierno de López Obrador otorgó en su primer año más contratos sin licitación que el de Enrique Peña Nieto en su sexenio.
Luego entonces debió comenzar por acabar con estas prácticas, pero como popularmente se dice que “del dicho al hecho hay mucho trecho” y en el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador esa frase parece quedarle como anillo al dedo y tiene ya consolidada la compra de insumos médicos por 60 mil millones de pesos en el extranjero para el ejercicio fiscal de 2021, según el secretario de salud Jorge Alcocer.
El pretexto será la pandemia del coronavirus, para la compra de medicamentos y vacunas, argumentando que se justifica y nadie puede estar en contra, pero la verdad es que el gobierno de la Cuarta Transformación no necesitaba de un marco legal, porque la mayoría de sus licitaciones han sido directas, aunque no se justifiquen.
Por otro lado, de acuerdo con datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en 2019 el gobierno federal otorgó 139 mil 835 contratos por adjudicación directa y dicha cantidad equivale al 78.16 por ciento del total de contratos entregados en la nueva administración; es el más alto desde 2010 y en ninguno de los seis años de su gobierno, Enrique Peña Nieto alcanzó tal porcentaje de adjudicaciones directas.
El año que EPN dio más contratos sin licitación fue 2017, con 77.9 por ciento del volumen total, pese a que la ley contempla tres escenarios para la contratación de bienes, servicios y obras públicas por parte del gobierno: la licitación pública; la invitación restringida (a al menos tres competidores); o la adjudicación directa; la licitación pública “debería ser la regla y los otros dos procedimientos sólo deberían utilizarse de manera excepcional”.
Finalmente, las cifras de asignaciones directas, “en lugar de mostrar una transformación o cambio, revelan que el gobierno de López Obrador está siguiendo las mismas costumbres de sus antecesores” e incluso la propia Auditoría Superior de la Federación ha levantado la voz respecto a la “opacidad” e “insuficiente transparencia” que existe en estos procedimientos como la compra de mil pipas en Estados Unidos y las obras emblemáticas de la 4T, Dos Bocas, aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya.