Por: Redacción/Plural
Ciudad de México, a 12 de diciembre.-Tras celebrar que la federación decidiera rescatar al sector educativo de Michoacán con una aportación emergente para el pago de la nómina de más de 30 mil maestros, la senadora Blanca Piña, mencionó que el tema no debe quedar ahí, sino que se debe esclarecer el uso de los recursos que el Ejecutivo Estatal ha realizado en el rubro educativo.
Debido a que se ha detectado un probable quebranto en Michoacán a la hacienda pública por más de 504.1 millones de pesos dentro de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo durante el ejercicio fiscal 2017.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó el 98.2 por ciento de los recursos ejercidos en 2017 y los 504.1 millones de quebranto, parten de cinco pliegos de observaciones realizadas a diferentes rubros del Fondo.
Entre ellos, el pliego con mayor monto refiere un probable daño a la hacienda por 234 millones 771 mil pesos, por pagos de remuneraciones a trabajadores adscritos a centros de trabajo no financiables con recursos del fondo.
Por ello, la legisladora michoacana solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dar el puntual seguimiento al gobierno de Silvano Aureoles y al titular de la Secretaría de Educación del Estado, Alberto Frutis Solís, sobre las observaciones realizadas. Además, la senadora expresó su solidaridad con la lucha de sus compañeros del magisterio –no sólo de Michoacán, sino de todo el país- quienes decidieran movilizarse para exigir el pago puntual de su salario y prestaciones.
Piña Gudiño sostuvo en entrevista que se mantiene cerca de los trabajadores de la educación para defender sus derechos desde la máxima tribuna de la Nación. El tema educativo está en revisión, para asegurar una Reforma que sea pedagógica más que laboral –dijo-.
Asimismo, consideró prudente que el gobierno federal asuma el control de la educación en el país, ya que como mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, muchas de las participaciones federales destinadas a la educación no llegan a su destino y, por ello, es necesaria una cirugía mayor en materia de la administración pública del sector educativo.