Por: Manuel Espino
El rechazo a las medidas ejecutivas para combatir la corrupción anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto ha sido prácticamente unánime y por momentos rabioso. Se ha lanzado una embestida furiosa, encabezada y azuzada por los partidos de oposición, que busca dañar aún más la imagen del gobierno Federal en la recta final hacia las elecciones intermedias, tratando de restar puntos en las encuestas y votos en las urnas.
La verdad sea dicha, este embate presidencial contra la corrupción ha sido visto y analizado a través de un cristal politizado y manchado de intenciones electoreras, pero eso no quita que existen elementos que dan un sustento real a las críticas.
De manera más mesurada y racional que los partidos, también algunas de las organizaciones más trascendentes en materia de combate a la corrupción han puesto bajo la lupa este esfuerzo presidencial. La Red por La Rendición de Cuentas, México Evalúa, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y Transparencia Mexicana, por mencionar solo las más prestigiadas, han argumentado con fuerza e inteligencia contra cada uno de los ocho rubros anunciados desde Los Pinos.
Es claro que entre los asesores del presidente hubo una falta de creatividad política e incluso cierto desconocimiento de la arquitectura institucional del Estado mexicano, pues varios de los caminos que supuestamente se seguirán serán bloqueados por disposiciones jurídicas y procedimientos ya instituidos.
Sin embargo, más que sumarse a la ola de detracciones, conviene señalar que aún existe una posibilidad de salvar este esfuerzo y darle vigor y peso, efectividad y eficacia. Como en prácticamente todos los rubros de la vida nacional, es urgente ciudadanizar los esfuerzos gubernamentales, abrir las puertas y las ventanas de las oficinas burocráticas, hacer la administración pública genuinamente pública.
Una manera de subsanar el criticado nombramiento de un secretario de Estado encargado de combatir la corrupción bajo la sombra de sus relaciones con el círculo cercano del poder, consistiría en instituir consejos y equipos de trabajo ciudadanos, que permitan la participación real y efectiva, no simbólica ni escenográfica, de la sociedad en esta lucha.
La clave es, pues, abrirse de capa y reconocer que el gobierno no puede ser juez y parte y que únicamente la sociedad le puede lavar la cara y dotarlo de la legitimidad que anhela.
Porque entre los riesgos de abrirse al escrutinio de la sociedad y los riesgos de seguir actuando con una cautela teñida de visiones partidistas, los segundos son mucho mayores y dañinos tanto para el propio Ejecutivo federal como para la sociedad en su conjunto.
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