Morelia, Mich., a 3 de marzo de 2026.-Luego de que se documentaran cobros de entre 50 mil y hasta 100 mil pesos, e incluso superiores, por concepto de arrastre y depósito vehicular, la Fiscalía General del Estado de Michoacán anunció la implementación de un nuevo esquema regulatorio que fija tarifas promedio de entre 5 y 10 mil pesos.
El Fiscal General, Carlos Torres Piña, calificó la medida como un parteaguas institucional al señalar que, por primera vez, se establecen reglas claras en la materia.
“Por primera vez en esta institución se norma el arrastre y el resguardo vehicular, estableciendo reglas claras para evitar abusos y, sobre todo, para que el servicio se brinde con mayor transparencia”, afirmó.
Torres Piña expuso que los costos actuales generaban una afectación directa a las familias, al grado de que en múltiples casos los propietarios optaban por abandonar sus unidades.
“Hoy hay ciudadanos que prefieren dejar su vehículo porque les cobran más de lo que vale. Eso no puede seguir ocurriendo en un servicio vinculado a la procuración de justicia”, enfatizó.
El nuevo tabulador establece parámetros definidos conforme al tipo de servicio y al kilometraje recorrido.
“El promedio que nosotros estipulamos en este nuevo tabulador, de acuerdo al rango de función y de kilometraje a la redonda, estará entre los 5 y 10 mil pesos, salvo que exista una distancia mayor u otra característica específica; pero ese será, en términos generales, el promedio que se estará cobrando”, precisó.
Asimismo, informó que esta misma semana se emitirán convocatorias públicas para que las empresas interesadas participen bajo lineamientos claros.
“Esta semana salen las convocatorias para que todas las empresas que quieran participar lo hagan conforme a las reglas que establecen los lineamientos y la propia convocatoria. Queremos un servicio regulado, transparente y sin abusos”, concluyó.
Con esta acción, la Fiscalía General del Estado de Michoacán avanza en la regulación de servicios sensibles, fortalece la transparencia institucional y establece un nuevo estándar en la protección del patrimonio de las y los michoacanos.