Por: Redacción/Plural
Morelia, Mich., a 12 de julio.-El dirigente del Partido Acción Nacional en Morelia, Javier Dávalos Palafox, consideró grave la intención de la administración municipal para intentar, mediante la recaudación del predial, garantizar el pago de la supuesta modernización del alumbrado público a una empresa privada, ya que se pretende, sin el respaldo de los integrantes del cabildo, comprometer el impuesto para acceder al crédito que se requiere para el proyecto, pese a que el predial representa la principal fuente de ingresos de la capital michoacana.
Consideró que la autoridad debe buscar otras alternativas para mejorar el alumbrado público en Morelia, ya que los proyectos que hasta el momento se han ofrecido comprometen las finanzas municipales, además de que heredan un problema administrativo y económico para las próximas administraciones, por lo que se pronunció para que el equipo del presidente municipal, Alfonso Martínez implemente otro proyecto con mayor viabilidad.
Señaló que en la sesión extraordinaria del cabildo municipal, la tarde este miércoles, donde se aprobó enviar al Congreso Local un alcance a la solicitud de autorización para publicar una licitación pública para el proyecto de privatizar el alumbrado público, quedó claro que los regidores no apoyan la propuesta, luego de que se no se presentaron cinco funcionarios, además del voto en contra de Benjamín Farfán Reyes y Osvaldo Ruiz Ramírez, así como la abstención de Fernando Herrejón.
Indicó que los legisladores locales, deberán revisar la propuesta para la inclusión de organizaciones civiles e instituciones públicas, con lo que se aseguró la transparencia del proyecto, luego de que, pese a que es necesario el
mejoramiento del alumbrado público, el proyecto que presentó el ayuntamiento capitalino pone en riesgo las finanzas de Morelia.
Ante dicha situación informó que trabajarán en el comité municipal de Morelia, en una propuesta para presentar ante el ayuntamiento capitalino, con la que se ofrezca el servicio de alumbrado público por el que paga la ciudadanía, pero que no comprometa la viabilidad financiera de la administración.