Por: Redacción/Plural
Morelia, Mich., a 20 de julio.-Tras lamentar un nuevo enfrentamiento entre civiles y el Ejército Mexicano que dejó como saldo a menores heridos y a uno muerto, el Partido Acción Nacional (PAN), en voz de su presidente estatal, Miguel Ángel Chávez Zavala, exigió al gobernador Salvador Jara Guerrero y al Grupo de Coordinación Michoacán a dar la cara y asumir su responsabilidad por la torpeza, incapacidad y falta de oficio en los operativos de seguridad implementados en el estado.
“Lo más grave e inaceptable es que habiendo un Grupo de Coordinación en Michoacán que por órdenes del Ejecutivo Nacional fue integrado por los altos mandos del Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Secretaría de Gobierno y el propio Gobernador, se cometan este tipo de errores en los operativos; a la par de que evidentemente no se recuperará la gobernabilidad perdida en Michoacán a través de la violencia, operativos desaseados y poniendo en riesgo la integridad de civiles, y sobre todo niños, que son los que hoy resultaron ser las víctimas”, señaló.
Indicó que con ello hay suficientes elementos para iniciarles a los funcionarios al frente de estas acciones -incluyendo al gobernador, al secretario de Gobierno y a los altos mandos de seguridad- los procedimientos jurídicos correspondientes en su contra ante ya el gran número de eventos que han afectado al patrimonio y hasta la vida e integridad de civiles michoacanos.
Asimismo, el dirigente de Acción Nacional recalcó que no puede pasar desapercibido el dolo y perversidad del gobierno en el manejo de la información, ya que en un primer momento negó oficialmente el enfrentamiento, sin embargo, horas más tarde las redes sociales dejaron en evidencia cómo trataron de mentir y manipular el lamentable suceso, “lo cual aparece ya como una constante de la administración priísta en Michoacán, que quiere engañar a la población a través de ocultar la información”.
Finalmente señaló que se debe hacer una profunda investigación ante estos hechos para sancionar con todo el peso de la ley a los responsables de haber ejercido en exceso el uso de la fuerza pública, “una conducta sumamente reprobable e incoherente por parte del gobierno, cuando ellos mismos han permitido deliberadamente la permanencia de los civiles armados”.